La investigación judicial iniciada por las denuncias de acoso escolar en el Colegio Pía Didoménico derivó en un peligroso escenario de hostigamiento digital, filtración de datos personales y agresiones cruzadas. A raíz de la difusión masiva del material, la fiscal de Instrucción N° 7, Paola González Pinto, abrió una causa penal para rastrear el origen de llamadas intimidatorias y mensajes violentos vinculados al caso de bullying en Catamarca.
La causa principal se originó formalmente tras la intervención de la Asesoría de Menores, disponiendo medidas de protección psicológica para la estudiante afectada. Sin embargo, familiares y allegados a la joven inicialmente señalada en el video viral radicaron denuncias por haber recibido amenazas explícitas de muerte y violencia sexual, además de sufrir la difusión maliciosa de sus domicilios particulares tras la visibilización del bullying en Catamarca.
Ante este cuadro de extrema vulnerabilidad social, la fiscalía ordenó la preservación de pruebas digitales e instruyó a las fuerzas policiales para realizar patrullajes preventivos en las viviendas de las personas amenazadas. Desde el Ministerio Público Fiscal advirtieron que el uso de perfiles falsos o canales cifrados no impedirá la identificación de los responsables de estos delitos informáticos en Catamarca.
Asimismo, las autoridades judiciales emitieron un enérgico llamado a la ciudadanía para que se abstenga de viralizar imágenes o rostros de las personas menores de edad involucradas. Remarcaron que la circulación irresponsable de datos agrava el daño en las víctimas y obstaculiza el desarrollo de las actuaciones en curso.
Investigaciones judiciales y la escalada por el bullying en Catamarca
Las principales observaciones de la fiscalía especializada en Ciberdelitos se orientan a frenar la espiral de violencia colectiva surgida en plataformas digitales. Cuestionan que la sociedad civil pretenda ejercer represalias por mano propia, incurriendo en delitos penales que complican el abordaje institucional de los hechos de bullying en Catamarca.
De igual manera, especialistas en Derecho Penal Juvenil e instituciones comunitarias reprocharon la demora estatal para intervenir de manera oportuna antes de que los conflictos escolares tomen estado público. Criticaron que las carteras ejecutivas no brinden contención adecuada a las familias ni garanticen entornos seguros dentro del sistema educativo provincial.
Las actuaciones prosiguen bajo estricta reserva legal para resguardar la intimidad y los derechos de los adolescentes involucrados. Frente a la gravedad de las amenazas virtuales, el Poder Judicial busca determinar responsabilidades penales e imponer un freno a la impunidad en las redes tras la crisis por el bullying en Catamarca.
