Fénix, la mina de litio que Rio Tinto opera en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra, todavía no obtuvo la certificación internacional de minería responsable a la que se sometió hace casi dos años. El motivo es uno solo: los auditores no pudieron determinar si las comunidades originarias de la zona dieron su consentimiento libre, previo e informado.
La auditora estadounidense SCS Global Services anunció que hará una visita de seguimiento entre el 16 y el 20 de noviembre. Trabaja con el estándar de la Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), uno de los más exigentes del sector. En la ficha oficial, Fénix figura con nivel “pendiente”. El informe inicial se publicó el 26 de febrero de 2025 y, desde entonces, la mina no alcanzó ninguno de los niveles que otorga el sistema.
Según IRMA, la calificación quedó “pendiente de la evaluación final del Capítulo 2.2, Consentimiento Libre, Previo e Informado”. Los auditores dijeron que hacían falta “testimonios adicionales y entrevistas más profundas”. La organización aclara que el consentimiento indígena es un requisito crítico: sin cumplirlo, una mina no accede ni siquiera al nivel más bajo.
La visita a la mina tenía que completarse antes del 26 de agosto de 2026, pero se corrió a noviembre “por acuerdo con SCS y Rio Tinto”, sin que se informaran los motivos. La situación contrasta con la forma en que se comunicó el proceso. En 2025, SCS difundió que la mina “completa la auditoría IRMA”, sin destacar que el capítulo sobre pueblos originarios había quedado sin evaluar.
Mientras tanto, el proyecto avanzó. Rio Tinto compró la mina en 2025, cuando adquirió Arcadium Lithium, y la opera a través de Minera del Altiplano SA. Obtuvo la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para su expansión Fase 1B: unos US$530 millones para llegar a 38.000 toneladas anuales de carbonato de litio. El Observatorio RIGI, impulsado por organizaciones de la sociedad civil, advierte sobre estrés hídrico en la cuenca del río Los Patos. Señala además que comunidades como los Atacameños del Altiplano consideran que las instancias de participación “funcionan como trámites formales”.
No es el único frente abierto. En abril, Rio Tinto respondió ante el Business & Human Rights Resource Centre por reclamos de comunidades por la muerte de fauna y la afectación de un sitio sagrado cerca de un camino de la operación. Atribuyó el atropello a un contratista y dijo que construyó un desvío aprobado por la Provincia. La operación arrastra también una causa por supuesta subfacturación de exportaciones en 2022 y 2023, heredada de la administración anterior, en la que la empresa apeló el procesamiento.
A escala internacional, el antecedente más resonante de la minera con pueblos originarios es la voladura de los refugios aborígenes de Juukan Gorge, en Australia, en 2020. Los sitios tenían unos 46.000 años de antigüedad, y el episodio terminó con la salida de su entonces CEO, Jean-Sébastien Jacques.
SCS abrió la convocatoria a comunidades, trabajadores e interesados. Las entrevistas que se pidan hasta el 11 de noviembre podrán ser presenciales o remotas. Los comentarios escritos se recibirán hasta el 21 de noviembre. Consultada por El Intransigente sobre la postergación y el estado de la evaluación, Rio Tinto [completar con respuesta o “no respondió hasta el cierre de esta edición”.
