Javier Milei utilizó la expansión Fénix 1B como ejemplo del impacto de la minería sobre los proveedores argentinos. Durante el acto compartido con Raúl Jalil y las autoridades de Rio Tinto, el Presidente destacó que el proyecto adjudicó US$310 millones a empresas nacionales y presentó el resultado como una demostración del derrame económico.
De ese monto, US$153 millones fueron destinados a firmas catamarqueñas. La cifra equivale aproximadamente al 49% del dinero adjudicado a proveedores argentinos. El porcentaje es significativo, pero también muestra que más de la mitad del valor informado quedó en compañías radicadas fuera de Catamarca, aunque la explotación se desarrolla dentro de la provincia.
El Gobierno nacional también señaló que Fénix 1B trabajó con 413 proveedores y que 411 de ellos son argentinos. Sin embargo, no informó cuántas de esas empresas pertenecen a Catamarca ni cuántas están inscriptas en el Registro de Proveedores de Empresas Mineras, conocido como RePEM.
Ese dato es indispensable para controlar el cumplimiento de la normativa provincial. La Resolución SEM 498/14 establece que la cantidad anual de contrataciones de obras, servicios, bienes e insumos con proveedores inscriptos en el RePEM no debe ser inferior al 70% del total de contratos celebrados por cada empresa minera.
El dinero no reemplaza el número de contratos
La regulación mide la cantidad de contrataciones y no el valor económico adjudicado. Por esa razón, el 49% destinado a empresas catamarqueñas no demuestra por sí mismo un incumplimiento. Pero tampoco permite afirmar que Rio Tinto haya alcanzado el piso del 70% exigido por la provincia. Son indicadores diferentes y falta uno de ellos. Para comprobar el resultado se necesita conocer cuántos contratos firmó Fénix 1B, cuántos fueron adjudicados a empresas inscriptas en el registro y qué participación tuvo cada firma. La información difundida sólo distingue entre proveedores argentinos y extranjeros, una clasificación demasiado amplia para medir el beneficio económico que quedó efectivamente dentro de Catamarca.
La condición de proveedor local tampoco depende únicamente de una dirección comercial. La resolución exige domicilio real y legal dentro de la provincia, actividad empresarial efectiva, determinada composición societaria catamarqueña y una nómina con mayoría de trabajadores originarios o residentes. Sin el padrón utilizado por la minera, tampoco puede controlarse la calidad local de las empresas contratadas.
Los US$153 millones constituyen un dato favorable para Catamarca, pero no reemplazan la rendición que exige la normativa. Si Raúl Jalil y Rio Tinto quieren demostrar que la inversión cumple con la contratación local, deberán publicar el número y la distribución de los contratos. Hasta entonces, el Gobierno exhibe millones, pero mantiene pendiente el porcentaje que realmente debe controlar.
