El pasivo ambiental dejado por los grandes emprendimientos extractivos al finalizar su etapa productiva desató una profunda polémica institucional y comunitaria. Diversos colectivos ambientalistas y legisladores de la oposición denunciaron la ausencia de auditorías independientes sobre los planes de remediación, alertando que la Minería en Catamarca: denuncian falta de controles oficiales sobre el cierre definitivo de los yacimientos.
La controversia cobra especial relevancia tras la reducción de operaciones en Bajo la Alumbrera y el avance de nuevos proyectos de litio en la Puna catamarqueña. Según expusieron especialistas en derecho ambiental, el Estado provincial no exige garantías financieras líquidas ni seguro ambiental de cobertura suficiente a las corporaciones transnacionales, dejando en un limbo legal la restauración de las cuencas hídricas impactadas y la neutralización de los diques de colas.
A la falta de fiscalización sobre la restauración de los suelos contaminados se suma la opacidad en los informes presentados por las firmas mineras. Representantes territoriales del oeste provincial señalaron que las comunidades locales desconocen las medidas técnicas que se aplicarán para evitar la filtración de metales pesados en las napas subterráneas una vez abandonados los sitios de extracción, un escenario donde la Minería en Catamarca: denuncian falta de controles efectivos genera alarma social.
Frente a esta vulnerabilidad ecológica, bancadas opositoras exigieron la creación de un comité técnico con participación universitaria para auditar los planes de cierre. Reclamaron la inmediata suspensión de nuevos permisos a las empresas que no certifiquen la remediación total de sus pasivos.
Cuestionamientos a la fiscalización ambiental del Gobierno en Catamarca
Las principales observaciones de las organizaciones comunitarias se dirigen hacia la pasividad de las autoridades provinciales de aplicación. Cuestionan que la administración del gobernador Raúl Jalil flexibilice las exigencias de impacto ambiental con el fin de acelerar la llegada de inversiones extranjeras en Catamarca.
De igual manera, referentes de las poblaciones cordilleranas reprocharon que las mineras trasnacionales obtengan cuantiosas ganancias durante décadas de explotación y luego transfieran los costos de la remediación ambiental al Erario provincial. Criticaron que la Secretaría de Medio Ambiente no publique los monitoreos hídricos ni aplique sanciones ejemplares a las operadoras en Catamarca.
El reclamo por el control estricto de los planes de cierre de minas continuará en el centro del debate parlamentario. Ante el riesgo inminente de contaminación a largo plazo, la sociedad civil exige auditorías públicas sobre la actividad extractiva en Catamarca.
