La conmoción social generada por los episodios de acoso escolar en el nivel secundario reabrió una profunda controversia sobre el rol de las instituciones. Tras la expulsión de la alumna que celebró los hostigamientos en redes sociales, especialistas en salud mental advirtieron sobre la urgencia de aplicar protocolos de protección ante la falta de contención en Catamarca dentro de los establecimientos educativos.
El análisis profesional del psicoterapeuta Mel Gregorini expuso que las agresiones constantes contra la estudiante de 17 años derivaron en violencia psicológica y sintomatología ansiosa. Según explicó el especialista, la viralización no consentida de imágenes y la humillación sistemática desencadenaron un fenómeno de hostigamiento grupal, un escenario donde la inacción de los adultos agravó la falta de contención en Catamarca.
Asimismo, el diagnóstico clínico diferenció las burlas aisladas de la crueldad sostenida en el tiempo, advirtiendo sobre las graves secuelas que atraviesa la víctima. La familia de la joven lesionada cuestionó la respuesta inicial de la institución privada, remarcando que la estudiante requirió asistencia psicológica y psiquiátrica urgente para afrontar la falta de contención en Catamarca.
El especialista subrayó que los dispositivos escolares tienen la obligación legal de detectar los casos de acoso, exigir tratamientos inmediatos y radicar las denuncias penales correspondientes. Destacó que el arrepentimiento de los agresores no puede limitarse a disculpas rutinarias, exigiendo medidas reparadoras concretas y responsabilidad parental.
Cuestionamientos al Ministerio de Educación y a las autoridades de Catamarca
Las principales observaciones de las organizaciones de padres y profesionales de la salud se dirigen contra la inercia del Ministerio de Educación provincial. Cuestionan que la administración que encabeza el gobernador Raúl Jalil no garantice la presencia de gabinetes interdisciplinarios capacitados en la totalidad de las escuelas públicas y privadas de Catamarca.
De igual manera, representantes legislativos de la oposición reprocharon la falta de herramientas normativas para combatir la violencia digital y el ciberacoso entre adolescentes. Criticaron que el Ejecutivo no otorgue prioridad al tratamiento de los proyectos de ley que buscan sancionar códigos de convivencia y prevención del acoso escolar en Catamarca.
La repercusión del caso mantendrá la presión sobre las autoridades educativas en los próximos días. Ante la multiplicación de denuncias por violencia en las aulas, la sociedad exige la aplicación inmediata de protocolos de protección en Catamarca.
