La aprobación formal de beneficios fiscales e incentivos cambiarios para un megaemprendimiento extractivo desató una profunda controversia institucional y comunitaria en el oeste provincial. A través de la Resolución 1854/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, se oficializó que El ingreso de Agua Rica al RIGI genera el rechazo masivo de las asambleas socioambientales, ante los cuestionamientos dirigidos a la multinacional Glencore por sus antecedentes de contaminación y pasivos en distintas cuencas de Catamarca.
El proyecto megaminero, operado bajo la razón social Minera Agua Rica LLC, contempla una inversión declarada de 6.393 millones de dólares para la extracción de cobre, oro, plata y molibdeno. Sin embargo, representantes territoriales de la Región Albigasta y del departamento El Alto advirtieron que la norma vulnera las autonomías provinciales y pone en riesgo las reservas hídricas y los bosques nativos, explicando por qué El ingreso de Agua Rica al RIGI genera una constante escalada de movilizaciones populares.
A las objeciones por el impacto sobre las cuencas de agua dulce se suma el historial judicial de las empresas operadoras. Dirigentes comunitarios recordaron los procesamientos confirmados en la Justicia Federal por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce durante la explotación de Bajo de la Alumbrera, ratificando los motivos por los cuales El ingreso de Agua Rica al RIGI genera desconfianza sobre la efectividad de los controles ambientales oficiales.
Asimismo, las organizaciones sociales señalaron que los privilegios otorgados por el régimen nacional exoneran de tributos clave a las grandes corporaciones mientras las poblaciones locales sufren estancamiento económico. Exigieron la realización de auditorías hidrológicas independientes y la inmediata suspensión del aval oficial al proyecto extractivo.
Cuestionamientos a las concesiones mineras y al Gobierno en Catamarca
Las principales observaciones de los colectivos socioambientales se dirigen contra la alineación política entre la Casa Rosada y el Poder Ejecutivo provincial. Cuestionan que la administración que encabeza el gobernador Raúl Jalil secunde el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones sin garantizar la protección prioritaria de los bienes comunes de Catamarca.
De igual manera, representantes legislativos de la oposición e instituciones de derechos humanos reprocharon la falta de consulta previa a los pueblos originarios y a las comunidades agrícolas del interior. Criticaron que el Ministerio de Minería priorice la aceleración de exportaciones por encima del resguardo ambiental de las cuencas en Catamarca.
Las protestas vecinales en los accesos a los yacimientos se mantendrán durante las próximas semanas. Ante la extensión de las concesiones a multinacionales, los vecinos exigen la defensa de los recursos naturales en Catamarca.
