La aplicación de severas sanciones administrativas contra un tradicional establecimiento de gestión privada sacudió al sistema educativo provincial. Mediante la Disposición N.º 1027/2026 de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Municipal, Privada, Social y Cooperativa, las autoridades confirmaron que Suspenden el aporte estatal al Colegio Pía Didoménico en un 100 % para su nivel secundario por un plazo de seis meses en Catamarca.
La medida punitiva responde a las conclusiones de la Comisión Instructora Sumarial, la cual acreditó graves omisiones e incumplimientos institucionales en la prevención del acoso escolar. El informe oficial probó que los directivos tenían conocimiento de las situaciones de violencia desde junio de 2026 y no articularon las derivaciones con la Dirección Provincial de Mediación Escolar, motivo por el cual Suspenden el aporte estatal al Colegio Pía tras constatarse la inacción edilicia.
Durante el desarrollo de las actuaciones tampoco se verificó la aplicación de protocolos interdisciplinarios ni la existencia de un seguimiento técnico para resguardar el bienestar de las víctimas. Además, los instructores detectaron serias irregularidades en la documentación que autorizaba la escolarización no presencial de los estudiantes involucrados, confirmando las razones por las que Suspenden el aporte estatal al Colegio Pía como sanción ejemplar.
Para intentar revertir la pérdida de los fondos públicos, la patronal del instituto deberá presentar un Plan de Mejora de la Gestión Escolar en un plazo máximo de 15 días. El programa exigirá la reestructuración de los canales de convivencia y la apertura de espacios seguros para la comunidad educativa.
Cuestionamientos a las autoridades educativas y al Gobierno en Catamarca
Las principales observaciones de las familias afectadas y de las asociaciones de padres se dirigen contra la demorada intervención de los organismos provinciales. Cuestionan que la administración del gobernador Raúl Jalil no haya actuado con mayor celeridad preventiva antes de que los casos de violencia afectaran la integridad psicofísica de los alumnos en Catamarca.
De igual forma, representantes de la comunidad escolar reprocharon la falta de controles periódicos sobre las instituciones privadas subvencionadas. Criticaron que el Ministerio de Educación y Trabajo reaccione con sanciones económicas recién cuando los expedientes adquieren trascendencia pública, sin garantizar una fiscalización previa y continua en los colegios de Catamarca.
La entidad propietaria deberá asegurar la continuidad del ciclo lectivo y el dictado normal de clases mientras rija la suspensión del subsidio. Frente al impacto de la sanción, las autoridades mantendrán la supervisión técnica sobre el establecimiento en Catamarca.
