La confirmación del marco normativo para la megaminería cordillerana volvió a encender la polémica socioambiental en la provincia. Tras la publicación de la Resolución 1854/2026 del Ministerio de Economía nacional, se confirmó que sobre la Minería en Catamarca: aprueban Agua Rica dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones con beneficios impositivos para la corporación multinacional Glencore en Catamarca.
La iniciativa contempla una inversión declarada de US$ 6.393 millones para la extracción a gran escala de cobre, oro, plata y molibdeno. Diversos colectivos comunitarios y asambleas ambientalistas remarcaron que el régimen legal blinda a la empresa con estabilidad tributaria y acceso prioritario al agua, explicando los motivos por los cuales sobre la Minería en Catamarca: aprueban Agua Rica entre fuertes objeciones por el impacto sobre las fuentes hídricas locales.
El avance del emprendimiento reflotó además la preocupación por los antecedentes de la operadora multinacional, ligada al procesamiento judicial de directivos por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce durante la explotación de Bajo de la Alumbrera. Las agrupaciones ciudadanas manifestaron que el esquema oficial omite auditorías de campo independientes, ratificando por qué sobre la Minería en Catamarca: aprueban Agua Rica sin que existan garantías públicas de protección ambiental ni planes de remediación.
Frente a la adhesión del proyecto al esquema de incentivos, las comunidades de la Región Albigasta y del oeste catamarqueño exigieron la suspensión de los beneficios fiscales. Reclamaron evaluaciones de impacto acumulativo sobre el recurso hídrico antes de autorizar las etapas operativas.
Cuestionamientos a las concesiones del Gobierno de Raúl Jalil en Catamarca
Las principales observaciones de las organizaciones socioambientales se dirigen contra el alineamiento directo de las autoridades provinciales con el modelo extractivista. Cuestionan que la administración del gobernador Raúl Jalil celebre los acuerdos multimillonarios con corporaciones mineras mientras cede competencias de fiscalización sobre el agua y los bienes comunes en Catamarca.
De igual forma, representantes de las poblaciones locales reprocharon que la normativa del RIGI declare la nulidad de cualquier norma provincial o municipal que limite el desarrollo minero. Criticaron que el Ejecutivo provincial promueva las operaciones de Río Tinto y Glencore sin garantizar que las riquezas generadas se traduzcan en mejoras de infraestructura básica o saneamiento para los vecinos de Catamarca.
La oposición comunitaria a la expansión de los emprendimientos metalíferos se profundizará mediante concentraciones en el interior provincial. Ante la falta de controles sobre la huella hídrica de los proyectos, la sociedad exige frenar los privilegios corporativos en Catamarca.
