El abordaje judicial sobre la violencia digital y el hostigamiento en las aulas tomó un cariz de extrema gravedad institucional. Tras asumir la representación formal de la familia de la adolescente afectada en el Colegio Pía Didoménico, la querella denuncia un plan criminal deliberado que trascendió la categoría de acoso escolar en Catamarca.
Las definiciones fueron expresadas en conferencia de prensa por el abogado querellante Roberto Casorla Yalet, quien sostuvo que la vulneración del teléfono móvil de la menor y la sustracción de representaciones íntimas encuadran en el artículo 128 del Código Penal. El letrado remarcó que la difusión maliciosa originó un hostigamiento sistemático, ratificando por qué la querella denuncia un plan criminal orientado a lesionar la integridad física y la salud mental de la estudiante.
En su presentación ante los medios locales, la representación legal apuntó directamente contra la conducción del establecimiento educativo por la falta de aplicación de los protocolos del Observatorio de Violencia Escolar. Criticó que las autoridades escolares hayan optado por aislar a la damnificada en su domicilio bajo tratamiento farmacológico, explicando los motivos por los cuales la querella denuncia un plan criminal y busca determinar la cadena de responsabilidades penales.
Si bien la familia y el abogado valoraron el acompañamiento ciudadano en las marchas y el retiro provisorio de subsidios estatales a la institución, exigieron que la Justicia actúe con celeridad para sentar un precedente definitivo.
Cuestionamientos a las autoridades educativas del Gobierno en Catamarca
Las observaciones más severas del querellante se dirigen contra la inacción de la cartera educativa provincial. Cuestionan que la administración del gobernador Raúl Jalil intervenga mediante la quita de aportes económicos a los colegios privados recién después del estallido público de los escándalos en Catamarca.
De igual forma, representantes de la familia reprocharon la falta de fiscalización previa sobre los gabinetes pedagógicos y la pasividad de los organismos oficiales frente a los ciberdelitos que afectan a menores. Criticaron que el Ministerio de Educación permita que las instituciones expulsen o aíslen a las víctimas en lugar de contenerlas en el ámbito escolar de Catamarca.
La causa penal continuará su curso en los tribunales provinciales para individualizar a los responsables de la sustracción de contenidos informáticos. Ante la gravedad del cuadro de salud de la menor, la sociedad exige justicia y sanciones ejemplares en Catamarca.
