La recurrencia de episodios de agresión dentro de los establecimientos educativos y el incremento del acoso digital reavivaron el reclamo por un marco normativo de contención laboral. Ante la indefensión que enfrentan las plantas docentes en las aulas, comunidades académicas e instituciones piden protocolos contra la violencia institucional para resguardar la salud mental de los profesores en Catamarca.
El planteo técnico fue presentado por especialistas en formación docente del IES Gobernador José Cubas, quienes argumentaron que la tarea pedagógica actual se encuentra atravesada por situaciones de desborde emocional y falta de amparo normativo. El documento subrayó que los trabajadores de la educación sufren hostigamiento, faltas de respeto y manipulación de su imagen mediante inteligencia artificial, explicando las razones por las cuales piden protocolos contra la violencia que habiliten la aplicación inmediata de sanciones y el retiro de alumnos ante faltas graves.
La propuesta exige además que se establezca la obligatoriedad de acompañar al educador durante las entrevistas con tutores y se habilite la revisión de mochilas con apoyo de las fuerzas de seguridad. Los especialistas explicaron que el enfoque contra el acoso escolar se centró históricamente en los estudiantes, omisión por la cual piden protocolos contra la violencia que desplacen la tutela institucional hacia la protección integral de quien enseña.
Frente a la escalada de conflictos, los referentes académicos reclamaron la sanción de normativas provinciales que reconozcan la responsabilidad del Estado en el resguardo de la fe pública escolar.
Cuestionamientos al Ministerio de Educación y al Gobierno en Catamarca
Las observaciones más severas de los equipos docentes se dirigen contra la inercia del Ministerio de Educación y del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia. Cuestionan que la gestión del gobernador Raúl Jalil reduzca la intervención pública a la sanción reactiva de colegios involucrados en controversias mediáticas sin dotar al sistema educativo de guías de actuación procedimental en Catamarca.
De igual forma, representantes del sector de la enseñanza reprocharon que las carteras provinciales no brinden asesoramiento legal ni cobertura de guardias psicosociales continuas para los docentes agredidos. Criticaron que el Ejecutivo exija el sostenimiento de las clases en contextos de desborde sin garantizar la presencia de auxiliares ni la seguridad física del personal en Catamarca.
Las instituciones formadoras continuarán impulsando el debate en los ámbitos parlamentarios para lograr el tratamiento de un estatuto de protección docente. Ante la alteración de la convivencia en las aulas, la sociedad exige normativas de resguardo en Catamarca.
