El avance de las explotaciones metalíferas y de litio sin garantías efectivas de remediación ecológica encendió las alarmas entre especialistas, productores agropecuarios y asambleas territoriales. Ante el riesgo de contaminación persistente en las cuencas de altura y los valles productivos, distintos sectores cuestionan la Minería en Catamarca: advierten por la falta de control sobre los pasivos ambientales dejados por los emprendimientos extractivos.
Las advertencias se concentran en el manejo de los diques de cola, los escombros de roca estéril y los residuos químicos que permanecen activos durante décadas tras el cese de la extracción. Referentes socioambientales señalaron que las evaluaciones oficiales resultan insuficientes para dimensionar el daño acumulado, remarcando que los pasivos ambientales representan una amenaza latente de drenaje ácido y filtración de metales pesados hacia las napas subterráneas.
A la fragilidad de los monitoreos sobre el terreno se suma la falta de transparencia respecto de los planes de cierre de minas y las garantías financieras exigidas a las operadoras. Especialistas del sector advierten que, sin seguros ambientales ejecutables ni auditorías técnicas independientes, el costo económico y sanitario de remediar los pasivos ambientales recae directamente sobre el presupuesto público y las comunidades locales.
Frente al deterioro de los ecosistemas frágiles de la Puna y el oeste provincial, organizaciones ciudadanas exigieron el acceso irrestricto a los informes de fiscalización y la participación de universidades en los muestreos de agua y suelo.
Cuestionamientos al contralor oficial sobre los pasivos ambientales
Las principales críticas de los sectores técnicos y comunitarios se dirigen contra la inercia del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente y la Secretaría de Minería. Cuestionan que la administración del gobernador Raúl Jalil apruebe ampliaciones de proyectos y nuevas exploraciones sin haber resuelto ni saneado los pasivos ambientales heredados de yacimientos anteriores en Catamarca.
De igual forma, voceros territoriales reprocharon que los organismos de aplicación dependan de los reportes elaborados por las propias empresas concesionarias en lugar de sostener cuerpos de inspectores autónomos con capacidad sancionatoria. Criticaron que el Ejecutivo provincial priorice la celeridad administrativa para atraer inversiones mientras posterga la remediación de las zonas degradadas en Catamarca.
Las asambleas ambientales y los productores afectados mantendrán sus reclamos administrativos para exigir la publicación de un inventario oficial de sitios contaminados. Ante el avance de la frontera extractiva, la sociedad demanda controles rigurosos y responsabilidades concretas sobre el cuidado del territorio en Catamarca.
