El gobierno de Raúl Jalil exige que los proveedores mineros tengan al menos un 70% de su personal contratado con residencia en Catamarca. La disposición contempla sanciones que pueden llegar hasta la exclusión del Registro de Proveedores de Empresas Mineras (RePEM). Sin embargo, no se conoce públicamente cuántas firmas cumplen efectivamente esa obligación.
Según información a la que accedió El Aconquija, las resoluciones 1398 y 1400 del Ministerio de Minería, fechadas el 22 de octubre de 2026, incorporaron expresamente esa exigencia al autorizar la inscripción de Runa Marketing Digital y actualizar la de Joaquín Nicolás Castro. Ambos recibieron certificados con una vigencia de seis meses.
Las disposiciones establecen que, dentro de los 30 días posteriores a la notificación, los proveedores deberán presentar un Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Territorial. El documento debe incluir compromisos de contratación local, capacitación, compras a empresas catamarqueñas y actividades de responsabilidad social, acompañados de indicadores verificables.
Un registro que crece, pero cuyos controles no se conocen
El RePEM experimentó un crecimiento considerable durante los últimos años. En 2022 contaba con 31 inscriptos, en 2023 alcanzó los 112 y durante 2025 llegó a 194 proveedores registrados, según cifras difundidas por el propio Gobierno provincial. La expansión del padrón, sin embargo, no permite establecer cuántas empresas respetan el porcentaje obligatorio de empleo local.
La normativa contempla sanciones concretas. Las empresas que no acrediten el 70% de personal residente en Catamarca pueden ser suspendidas o dadas de baja. También se prevén medidas contra quienes presten, cedan o permitan que terceros utilicen sus certificados de inscripción. La responsabilidad de fiscalizar corresponde a la Dirección Provincial de Promoción y Responsabilidad Social Minera.
El Ministerio de Minería, encabezado por Olga Regalado, no tiene un registro público de sanciones identificado en la documentación examinada. Tampoco se encontraron cifras consolidadas sobre inspecciones realizadas, empresas observadas o proveedores excluidos por incumplir las condiciones de contratación local.
En agosto de 2026, la Provincia anunció nuevas obligaciones de información laboral mediante la Resolución 164/2026. Las compañías mineras deben declarar mensualmente sus contratistas y proveedores, con datos sobre trabajadores, actividades y lugares de prestación de servicios. La medida permitiría contrastar las nóminas informadas con el empleo efectivamente generado en Catamarca.
La cuestión ya había aparecido en una investigación de El Aconquija sobre las contrataciones de la operación Fénix, administrada por Rio Tinto. En aquella oportunidad, la información empresarial disponible no permitía verificar el cumplimiento del porcentaje exigido de proveedores locales. Se trata de una obligación distinta de la composición del personal de cada proveedor, aunque ambas forman parte del mismo régimen de contratación provincial.
El interrogante central sigue siendo cuántas empresas cumplen las exigencias y cuántas fueron sancionadas por incumplirlas. Mientras la administración provincial continúa incorporando proveedores al registro, los resultados de los controles no aparecen detallados públicamente. La diferencia entre exigir un 70% de empleo catamarqueño y demostrar que ese porcentaje se cumple es, precisamente, lo que el Ministerio de Minería todavía debe documentar.






