El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Minería, autorizó un concurso de precios con un presupuesto de $40,8 millones para alquilar cinco oficinas destinadas al funcionamiento de los Centros de Control Minero Ambiental. Los inmuebles deberán estar ubicados en Belén, Tinogasta, Fiambalá, Andalgalá y Santa María, cinco localidades vinculadas con la actividad minera provincial.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 1417, firmada el 23 de octubre y publicada el 17 de noviembre. Según información a la que accedió El Aconquija, el procedimiento corresponde al Concurso de Precios 30-0006-CPR26, cuya apertura de ofertas fue fijada para el 11 de noviembre.
El pliego establece contratos por doce meses, con posibilidad de prorrogarlos durante otro año. El presupuesto equivale a un promedio de $680.000 mensuales por inmueble, aunque las propuestas económicas pueden variar entre localidades y las adjudicaciones no necesariamente deben alcanzar el monto máximo previsto.
Las exigencias inmobiliarias son relativamente sencillas. Cada oficina deberá estar ubicada en la zona céntrica de su localidad, contar con una superficie mínima de 25 metros cuadrados, un salón principal y un baño completo. Los inmuebles deberán entregarse en buenas condiciones de uso.
El Gobierno provincial también deberá afrontar los servicios de los inmuebles alquilados, mientras que los propietarios tendrán a su cargo los impuestos y las tasas que graven las propiedades. Las refacciones o adaptaciones necesarias para adecuar las oficinas deberán ser realizadas por los dueños, según las condiciones previstas.
La contratación quedó bajo la responsabilidad del Ministerio de Minería, que designó una comisión evaluadora integrada por Bibiana Antonella Velazco, Christian Gonzalo Espíndola, Cynthia Alejandra Riccheri y María Florencia Orce Acosta. Sus integrantes deberán intervenir en la evaluación de las propuestas presentadas.
El dato que todavía permanece sin esclarecer es quiénes terminarán alquilándole los inmuebles al Estado. La resolución y el pliego consultados no identifican propietarios, direcciones exactas ni adjudicatarios. Tampoco permiten establecer cuántas ofertas se recibieron ni cuáles fueron los valores efectivamente contratados.
La instalación de oficinas de control minero ambiental puede responder a una necesidad concreta de fiscalización territorial. Pero el desembolso previsto también exige conocer qué funciones cumplirá cada dependencia, cuántos agentes trabajarán allí y qué controles desarrollarán sobre los emprendimientos mineros.
En una provincia donde la minería ocupa un lugar central en la política económica, la cuestión no termina en el precio de los alquileres. También corresponde determinar si los $40,8 millones presupuestados se traducirán en mayor presencia estatal y controles ambientales efectivos en los territorios donde se desarrolla la actividad.






