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Caso Godoy: la Justicia le prohibió acercarse a la víctima, pero ella terminó dejando su trabajo

La sentencia fijó restricciones y reglas de conducta, mientras siguen abiertos los interrogantes sobre los reclamos laborales y la respuesta de la Legislatura.

La condena de Agustín Exequiel Godoy por dos hechos de abuso sexual simple dejó al descubierto una situación que compromete tanto al sistema judicial como a la Cámara de Diputados de Catamarca. El condenado recibió una prohibición expresa de acercarse a la víctima y concurrir a su lugar de trabajo. Sin embargo, durante años, la mujer había denunciado que compartía dependencias con él y reclamado una solución. Según la información aportada sobre el caso, terminó renunciando a su puesto.

La historia se remonta al menos a 2018, cuando la trabajadora presentó sucesivos reclamos ante las autoridades legislativas. El 4 de junio de aquel año dirigió una nota a Fernando Miguel Jalil, entonces presidente de Diputados, para solicitar por tercera vez una licencia psicológica de treinta días y una modificación de sus condiciones laborales. Godoy era jefe de Archivo y Rendición de Cuentas, dentro de la Dirección de Tesorería, donde también se desempeñaba la denunciante.

La condena llegó años después: un año y seis meses de prisión en suspenso, con reglas de conducta durante dos años. La sentencia dispuso que Godoy no pudiera acercarse ni comunicarse con la víctima y su familia, además de prohibirle concurrir al lugar de trabajo de la mujer y a los espacios que ella frecuentara. También estableció presentaciones trimestrales ante el Patronato de Liberados.

Quién controla las restricciones y qué ocurrió en Diputados

La Corte de Justicia de Catamarca resolvió el 4 de noviembre de 2025 que corresponde al Juzgado de Ejecución Penal controlar el cumplimiento de las reglas de conducta de las condenas condicionales. El Patronato de Liberados participa en las tareas de seguimiento, mientras que el tribunal que dictó la sentencia conserva la facultad de resolver una eventual revocación de la pena en suspenso.

Pero el caso Godoy plantea otro interrogante. Si la trabajadora había solicitado reiteradamente que se modificara su situación laboral para no compartir dependencias con el denunciado, ¿qué medidas adoptó la Cámara de Diputados? ¿Por qué sus reclamos se prolongaron durante años? ¿Qué decisiones tomaron las autoridades para evitar que la denuncia terminara afectando su continuidad laboral?

La situación resulta particularmente delicada ante la información de que la denunciante terminó dejando su empleo. Es necesario establecer cuándo se produjo esa salida, cuáles fueron sus circunstancias administrativas y qué respuesta recibió de la Legislatura. La existencia de una condena posterior no resuelve las responsabilidades que pudieran corresponder por las decisiones adoptadas durante los años anteriores.

También corresponde conocer cómo se supervisa actualmente la prohibición de acercamiento impuesta a Godoy. La presentación trimestral ante el Patronato constituye una obligación concreta, pero no equivale, por sí misma, a una comprobación permanente de que el condenado respete todas las restricciones. El Juzgado de Ejecución debe controlar su cumplimiento y actuar ante los incumplimientos que se acrediten.

La Cámara de Diputados y las autoridades judiciales tienen responsabilidades diferentes, pero ambas intervienen en la protección de la víctima. La Legislatura debe explicar qué hizo ante sus reclamos laborales y la Justicia, cómo controla las medidas ordenadas en la condena. La pregunta que atraviesa el caso es qué protección efectiva recibió la trabajadora y por qué, después de años de pedidos, su trayectoria laboral terminó de esa manera.

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