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Catamarca multó a cuatro proveedores de Salud por incumplimientos en las entregas

Las resoluciones provinciales fijaron multas por $657.503,97 y habilitaron el descuento de los montos de las órdenes de pago.

El Gobierno de Catamarca sancionó a cuatro empresas proveedoras del sistema de salud pública por incumplimientos en los plazos de entrega de bienes contratados. Droguería Varadero, JCP Insumos Médicos, Max Continental y Droguería Meta recibieron multas que, en conjunto, alcanzan los $657.503,97, según información a la que accedió El Aconquija.

Las penalidades fueron establecidas mediante resoluciones de la Secretaría de Compras del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, dictadas entre septiembre y octubre de 2026 y publicadas el 20 de noviembre en el Boletín Oficial y Judicial de la provincia. Los expedientes involucran contrataciones destinadas a dos importantes establecimientos sanitarios y al Ministerio de Salud.

El Hospital Interzonal San Juan Bautista aparece en dos de las actuaciones administrativas. La Resolución 244/2026 sancionó a Droguería Varadero S.A. con una multa de $139.199,80, mientras que la Resolución 249/2026 impuso una penalidad de $91.125 a JCP Insumos Médicos S.A. En ambos casos, las empresas incumplieron los plazos de entrega establecidos en las contrataciones.

Por su parte, la Maternidad Provincial 25 de Mayo también registró incumplimientos. La Resolución 252/2026 aplicó una multa de $737,50 a Max Continental S.A. por demoras en la entrega de bienes. El monto es considerablemente inferior al de las otras sanciones, aunque responde al mismo tipo de incumplimiento contractual.

La sanción más elevada y las obligaciones de los proveedores

La penalidad económica más importante recayó sobre Droguería Meta S.A. Mediante la Resolución 253/2026, la Secretaría de Compras dispuso una multa de $426.441,67 por demoras en las entregas destinadas al Ministerio de Salud y por no haber constituido la garantía de cumplimiento contractual exigida.

Las cuatro resoluciones autorizan a las áreas administrativas correspondientes a descontar las multas de las órdenes de pago de las empresas sancionadas. También disponen la intervención de los organismos provinciales vinculados con la administración de fondos públicos y el registro de proveedores del Estado.

Un aspecto significativo de las publicaciones es que no identifican los productos específicos involucrados ni precisan cuántos días se extendieron las demoras. Tampoco detallan si los incumplimientos afectaron el funcionamiento de los establecimientos sanitarios. Esa información permitiría dimensionar las consecuencias de cada contratación incumplida.

Las sanciones dejan constancia de cuatro incumplimientos contractuales en el sistema sanitario provincial. Más allá de los montos, los antecedentes plantean la necesidad de conocer qué mecanismos utiliza la administración de Raúl Jalil para controlar los plazos de entrega, asegurar el abastecimiento de los hospitales y verificar que las penalidades impuestas a los proveedores sean efectivamente cobradas.

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