Este viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe que revela el uso “excesivo” de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado durante las protestas sociales en Chile. Las protestas comenzaron el pasado 18 de octubre y no han terminado. Así como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), este organismo también sostiene que hubo violaciones a los derechos humanos durante estos casi dos meses de crisis. Así lo informó El Intransigente.
En un comunicado, la CIDH condenó los “graves desmanes en el curso de algunas manifestaciones y manifiesta su grave preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos recibidas por los órganos del Estado desde el inicio de las manifestaciones”. Igualmente rechazó el el “excesivo uso de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile”
Como respuesta a estos hechos constatados por esta organización, procedieron a instalar “una Sala de Situación de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada” en Chile, con el objetivo de “monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos”. Por otra parte, constató que “desde el inicio de las protestas sociales el 18 de octubre, la cifra de víctimas mortales ha ascendido a 26, de las cuales al menos cinco habrían sido por acción directa de agentes del Estado y dos bajo custodia del Estado en comisarías de Carabineros“.
La Fiscalía Nacional de Chile fue el primero en dar a conocer la cifra de víctimas fatales a manos de los cuerpos de seguridad. Asimismo, el organismo perteneciente a la OEA reveló la cantidad de personas heridas que ingresaron a los servicios de urgencias médicas durante estas fechas. Al menos 12.652 personas fueron registradas, y en hospitales 2.808 heridos. En este sentido, la Comisión instó a las autoridades chilenas a “investigar con debida diligencia los referidos hechos de violencia, identificar y sancionar a los responsables e informar los resultados debidamente a la ciudadanía”.
El estado de emergencia convocado por el presidente Sebastián Piñera fue duramente criticado por organismos de derechos humanos. Esta medida permitió que los militares controlaran el orden público. Además, desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet, el Estado no avalaba esta cuestión. La crisis social en Chile ha disminuido en su carácter masivo, pero al menos una vez por semana se siguen registrando protestas. En su mayoría exigen la renuncia del mandatario, de tilde conservadora.
