“Un ministro fue asesinado y, mientras su cuerpo era velado, alguien eliminó archivos de una computadora estatal.” La frase, contundente, resume el nudo de la investigación por el crimen del exministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, que sumó un dato clave: una pericia informática acreditó que archivos de la computadora de su despacho fueron borrados dos días después del asesinato.
Rojas fue asesinado el sábado 3 de diciembre de 2022 y la eliminación de información de su equipo se produjo el lunes 5, cuando el funcionario ya estaba muerto. El edificio no contaba ese fin de semana con registros confiables de ingreso y egreso, y las cámaras de seguridad grababan con la fecha adelantada y un desfasaje horario.
Ante ese escenario, el fiscal Hugo Costilla ordenó citar a 214 personas que prestaron servicios en el Ministerio entre el sábado 3, el domingo 4 y el lunes 5 de diciembre de 2022. La medida busca reconstruir quiénes ingresaron al edificio, qué personas pudieron acceder al despacho y si existieron maniobras destinadas a alterar documentación.
Casi cuatro años después del homicidio, la Fiscalía todavía intenta determinar quién estuvo dentro del organismo en las horas críticas y quién manipuló la computadora oficial después de la muerte de su titular. Costilla defendió la investigación y detalló que el expediente ya acumula 43 cuerpos, unas 9.000 fojas, más de 500 testimonios filmados y cerca de 3.000 horas de registros de 62 cámaras. Sin embargo, ese volumen no disimula que la causa sigue sin una explicación definitiva y que las 214 convocatorias recién ahora se formalizan.
El borrado de archivos convirtió el expediente en algo más que una investigación policial. Se trata de una falla de custodia dentro de una dependencia del gobierno de Raúl Jalil, sobre documentación que podía resultar relevante para esclarecer el crimen de uno de sus ministros. Entre las líneas que maneja la Fiscalía aparecen rendiciones de cuentas pendientes para acceder a nuevos fondos de programas nacionales y versiones según las cuales Rojas no llegaría a diciembre en el cargo.
Las preguntas sin respuesta
“No existe hasta el momento una prueba pública que permita atribuir el borrado a una persona determinada ni vincularlo de manera concluyente con el homicidio”, según se desprende del expediente. “Precisamente por eso, el silencio político resulta inadmisible.”
La Provincia todavía no informó si abrió una investigación interna por el episodio ni explicó quién tenía claves o acceso físico al despacho después del crimen. Tampoco precisó qué funcionarios quedaron a cargo tras la muerte de Rojas ni por qué los controles de ingreso y las cámaras presentaban semejantes deficiencias.
“Catamarca lleva casi cuatro años sin saber quién lo hizo, qué borró y para qué.” Las 214 citaciones son la apuesta más reciente de la Fiscalía para obtener esas respuestas, en una causa que acumula miles de fojas pero ninguna certeza sobre lo ocurrido dentro del Ministerio mientras el cuerpo de su titular era velado.
