Una profunda indignación y protestas frente a los tribunales provinciales estallaron tras una nueva postergación que expone la lentitud judicial en Catamarca. Familiares, allegados y organizaciones sociales se autoconvocaron frente a la sede de la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación para repudiar la suspensión de la audiencia definitiva en la causa por un doble abuso sexual ocurrido en julio de 2018, un expediente que lleva más de ocho años de dilaciones procesales continuas sin alcanzar una resolución firme.
El tribunal resolvió postergar el acto para el próximo 15 de septiembre luego de hacer lugar de manera parcial a un recurso de reposición interpuesto por los abogados defensores Luciano Rojas y Pablo Rivera. En su pronunciamiento técnico, el cuerpo colegiado dispuso además que la reiteración oral de las conclusiones finales y alegatos tendrá un carácter puramente facultativo para las partes intervinientes, retrasando nuevamente la definición de un fallo esperado durante casi una década.
La causa cuenta con un historial judicial atravesado por continuas trabas y revocaciones. En el año 2023, los acusados Emanuel Agüero y Gabriel Leiva habían sido declarados formalmente culpables del delito y sentenciados a diez años de prisión de cumplimiento efectivo; sin embargo, aquella condena fue anulada posteriormente en dos oportunidades consecutivas por la Corte de Justicia provincial bajo distintos argumentos formales, obligando a retrotraer etapas del debate oral.
El cuadro procesal desató la reacción inmediata del entorno de la víctima en los pasillos de la cámara penal. Con pancartas y consignas de repudio, los manifestantes cuestionaron las maniobras de las defensas y la pasividad de los magistrados para garantizar celeridad en un proceso que perpetúa el daño psicológico de la denunciante, quien aguardaba para la jornada de hoy la lectura de una sentencia que volvió a cancelarse a último momento.
Recursos de reposición, fallos anulados y el reclamo a la Corte de Justicia
El estancamiento del expediente reabre los cuestionamientos hacia los tribunales penales y la propia Corte de Justicia por los tiempos desmedidos que insumen las causas por violencia sexual. Las permanentes nulidades de sentencias condenatorias y la admisión reiterada de articulaciones defensivas terminan operando como una barrera burocrática que posterga el castigo de los responsables y favorece escenarios de impunidad por el simple paso del tiempo.
A este caso se suman las críticas ciudadanas sobre el funcionamiento de las fiscalías de instrucción y juzgados provinciales, donde la falta de respuestas prontas y la demora para fijar juicios orales revictimizan a quienes denunciaron hechos gravísimos. La reprogramación unilateral de audiencias confirma la distancia entre las garantías formales del debido proceso y la demanda social de una justicia efectiva que resuelva los litigios en plazos razonables.
La manifestación en la Cámara de Segunda Nominación visibiliza el costo humano que provoca la lentitud judicial en Catamarca. Con dos acusados cuya sentencia fue anulada dos veces, recursos que traban la culminación del debate oral y una víctima que lleva ocho años reclamando una condena definitiva, la actuación de los fueros provinciales continúa bajo severo cuestionamiento social por priorizar formalismos procesales sobre la tutela judicial efectiva.
