El proyecto minero de “Agua Rica“, ubicado en Andalgalá, no puede comenzar aún por diferentes cuestiones. La política minera del mencionado yacimiento viene corriendo la misma suerte desde la “década ganada” del kirchnerismo hasta Mauricio Macri. Esto se da a causa de que se acentúa solamente lo económico en desmedro de factores legales y sociales.
Al dejar de lado aspectos vinculados a la comunidad en su conjunto, la política aplicada lleva inexorablemente a la judicialización de proyectos mineros al no atender el concepto de “participación social” sobre el que llama la atención la Corte Suprema de Justicia, como ya lo expresó El Aconquija. Por ende, hasta que no se negocie con la comunidad y los empresarios en un conjunto, el proyecto de “Agua Rica” seguirá parado.
Las inversiones millonarias que se harían en el país con la puesta en marcha de proyectos como “Agua Rica” serían muy importantes, según el discurso político minero. Una parte de los vecinos de Andalgalá temen por los daños ambientales irreversibles, pero otro sector quiere la minería porque es una fuente de trabajo.
Se pensó en su momento que con Macri en el poder estas negociaciones con la comunidad se iban a hacer, pero tiene los mismo vicios que el gobierno kirchnerista anterior. La “grieta” sigue profundizándose porque se refuerza la posición dura “pro-minera” y no se abre el diálogo con la comunidad entera.
Lo que el Gobierno debería hacer es tener en cuenta las necesidades elementales de la población y una proyección prospera de los pueblos mineros, dado que sin su aprobación explícita proyectos de minería como “Agua Rica” van a ser paralizados mediante una orden judicial.
