Catamarca se configura como una gran promesa en el área minera, una ventaja que ni el Gobierno Nacional ni el Provincial quieren perderse. Sin embargo, sus sueños de convertirse en la cuna de la actividad minera se ven obstaculizados por los propios intereses del pueblo. Así es como, después de ocho años de una administración que se opuso a la minería en Andagalá, resultó electo intendente Eduardo Córdoba, con sus propuestas de “no a la explotación minera”, algo que le significará un costo al municipio.
Desde que la minería se convirtió en un negocio importante para la provincia, el Gobierno a nivel nacional y provincial busca poder hacerse con los municipios claves para impulsar proyectos importantes, tales como el de Agua Rica, una continuidad de Alumbrera y el más grande de todo Sudamérica. Ni siquiera la promesa de más puestos de trabajos y despegue del municipio sirvieron para convencer a los vecinos de Andalagá para optar por un gobierno a fin a este proyecto minero.
Pero esta oposición tiene un costo que se debe pagar por obstaculizar los planes del Gobierno provincial y es el aislamiento. Durante los pasados ochos años de administración municipal, Andalagá funcionó con una relación nula con respecto a sus autoridades, una realidad que se replicaría con la gestión de Córdoba. De esta forma, el municipio no conseguirá nada de Provincia y sus peticiones no serán escuchadas.
El rechazo de los vecinos a la actividad minera está institucionalizado en la Justicia. Por un lado, el Consejo Deliberante, con el voto de todos sus concejales, aprobó una ordenanza en donde se estableció la prohibición para trabajar en El Nevado, una cumbre con yacimientos. Más allá de la discusión legal de si se puede o no impulsar tal medida, la Corte Suprema de la Nación estableció que no se podrá avanzar con ninguna proyecto de estas características si no se cuenta con la participación y el consenso social.
“Critíco de la manera en que se lleva adelante la explotación de piedra rodocrosita”, fueron las apalabras de Córdoba a los medios locales, tras proponer la municipalización de tal recurso natural y sentando el precedente de su posición frente a este tipo de actividades. Más allá de esto y del rechazo de los vecinos, El Aconquija adelantó que ya se firmó el contrato de utilización de la infraestructura para explotar Agua Rica, dejando de lado a la Universidad Nacional de Tucumán, desde donde se denunciaron riesgos. De hecho, en estos momentos, la gobernadora saliente y el gobernador electo se encuentran en Australia buscando inversiones mineras para hacer realidad sus planes.
