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Política

Servicio de ambulancia podría quedar en manos de la familia del gobernador electo de Catamarca

De esta forma, se produciría una conflicto de intereses públicos y privados.

La situación de la salud en la provincia de Catamarca habría llegado a un nuevo nivel. Si bien desde hace un tiempo El Aconquija expone el deterioro del servicio público, esta vez toca hablar de la privatización del servicio de ambulancias a favor de la familia del gobernador electo, Raúl Jalil. Al parecer, este servicio tan esencial pero desmejorado en el Estado, quedará a manos de las empresas de la familia de Jalil.

“Vamos de nuevo a la privatización de la salud, o sea a ser la salud un negocio, un servicio”, advirtió José Traverso, de ATE Salud, al ser consultado por esta situación. Ante esta cuestión se plantea una serie de problemas e interrogantes, alrededor del hecho de que el gobernador que asumirá en los próximos meses, le pagará a su propia familia por el servicio de traslado de pacientes desde el interior hacia la capital provincial, en donde está el mejor hospital en cuanto a complejidad de servicios.

Hasta el momento, la familia Jalil, con sus ambulancias Vital, se hace cargo de los traslado de PAMI, la obra social para los adultos mayores. Se advierte que, además de este servicio, al momento de llevar a los pacientes a un centro médico, se privilegian los sanatorios Pasteur y Junín, pertenecientes a la familia. De hecho, estos son los centros de salud a los que se derivan a los pacientes que no pueden ser tratados en el hospital público, San Juan Bautista. Asimismo, la familia del gobernador electo cuanta con una cadena de farmacias, Colón, convirtiendo la salud en un verdadero negocio que incluye también centros de salud y, posiblemente, ambulancias.

En este hecho también queda de manifiesto otro cruce de intereses público/privado. Mientras el gobernador tendrá dos centros de salud privada, al que se derivan los pacientes y que le reporta ganancias a la familia; también deberá responder por el hospital público. Allí se plantea una disputa: Ampliar y mejorar el servicio publico haría que menos pacientes fueran derivados a sus clínicas; privilegiar los sanatorios privados por encima del público chocaría con sus deberes de funcionario.

Por otro lado, también se presenta la cuestión de la obras social de los empleados públicos, OSEP Catamarca. Hasta el momento, la familia Jalil le presta servicios millonarios a la obra social pública, habiéndose convertido en uno de los principales proveedores y facturando un importante caudal de dinero. Habrá que ver cómo maneja esto Jalil, ya que debería pagarle a su propia familia. Así, queda expuesta la conversión del sector de salud en un negocio y los conflictos de intereses que se presentarán con un gobernador que deberá velar por los servicios públicos, pero con negocios en el sector privado.