El gremio de Vialidad de la provincia de Catamarca parece estar por fuera de la ley, o al menos el gremialista Sergio Berrondo, quien se niega a acatar las decisiones de la central nacional del gremio. Este hecho desencadenó una seria situación, ya que las cuentas bancarias de los viales se encuentran paralizadas y los proveedores exigen los pagos pertinentes. Hasta el momento, el gremio Vial no pudo ser normalizado y las deudas se acumulan.
El problema se inició después de que se descubrieran una serie de irregularidades en torno a Berrondo, tales como maquinas mellizas o fantasmas, y en connivencia con la patronal. Berrondo contaba con denuncias sobre el proceso eleccionario, así como también otras por su accionar dentro del gremio. Ante esta realidad, el Ministerio de Trabajo declara acéfala la central y la Federación de Trabajadores Viales de la Nación nombra a un interventor, Rodolfo Solano, quien tendría como objetivo normalizar la situación de Vialidad y garantizar el correcto funcionamiento del gremio.
Sin embargo, los planes se vieron frustrados y, así como llegó a Catamarca, Solano se tuvo que volver a Buenos Aires. Esto se debe a la actitud de Berrondo, quien se atrincheró en el edificio del gremio y se negó a entregarle las llaves al interventor. De esta forma, Solano se tuvo que volver sin poder haber llevado adelante su trabajo, lo que habla de la falta de acatación que maneja Berrondo con respecto de la central nacional y madre de la provincial.
Si bien no se pudo normalizar la situación, sí se judicializó el caso y se congelaron las cuentas bancarias del gremio. Lejos de solucionar el problema, lo que esto logró fue agravarlo ya que por un lado quedaron los afiliados al gremio, a quienes se les continúo descontando como siempre; y los proveedores, quienes no recibieron los pagos pertinentes, ya que las cuentas se encuentran trabadas.
Ante esta realidad, estos últimos comenzaron a enviar cartas documento a los afiliados, denunciando la falta de pago. Se estima que la deuda con los proveedores asciende a $8 millones y se siguen sumando intereses. Mientras tanto, los afiliados aparecen como morosos, cuando la realidad es que a ellos les descuentan el dinero pero es el gremio quien no puede pagar ante la sanción judicial. Con este tema no solo se pone en juego la economía de los afiliados sino que se pone en cuestión la transparencia del gremio provincial y nacional, la falta de acción de la justicia, desde donde no se puede resolver el problema y la desobediencia quienes deben escuchar a sus superiores.
