En medio de la disputa entre empresarios y políticos, así como de la posición contraria de un sector de la sociedad catamarqueña, la Universidad Nacional de Tucumán rechazó la integración de los yacimientos mineros Agua Rica y Bajo la Alumbrera, junto con el arrendamiento de la infraestructura y corredor de servicios de Minera La Alumbrera. Esta decisión no sorprende, desde hacía un tiempo el centro académico y educativo había alertado sobre los riesgos que supondría dicha explotación.
Esta decisión se tomó en la cesión extraordinaria del Consejo Superior de la UNT. La universidad tucumana está asociada a este proyecto dado que, al descubrirse Alumbrera, la mina fue registrada en territorio tucumano. Según expusieron, no se encuentran de acuerdo con la continuidad del proyecto de mega minería debido al riesgo ambiental que representa Agua Rica y el peligro que correrían los recursos de los habitantes catamarqueños.
Conocida su postura, Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), la empresa estatal cuyos socios son Gobierno nacional, Gobierno de Catamarca y la UNT, firmó un acuerdo dejando a fuera a la universidad para explotar Agua Rica utilizando la infraestructura de Alumbrera. Es decir, los socios dejaron fuera de la negociación y las decisiones a la UNT lo que implica una posible judicialización.
Mientras tanto, la UNT ve con preocupación el cierre de mina de Alumbrera, de la cual es co-responsable junto al gobierno de Catamarca. En esa línea, embarcarse en otro problema que le sumaria sinergia negativa al Dique de Colas no le atrae, más aun cuando el gremio docente es antiminero y los directores de la UNT no cumplieron con el mandato del Consejo Superior.
Por lo tanto, a las autoridades les resulta difícil superar este conflicto, cuya cabeza es ni más ni menos que la facultad de Derecho. Mientras se resuelven los conflicto de estas instituciones, los sectores antimineros dejaron en claro su postura, al margen de los supuestos beneficios a nivel económico y laboral que traería la explotación de Agua Rica. De acuerdo a una disposición de la Corte Suprema, la participación social es un requisito sin el cual no se puede dar continuidad al los proyectos mineros en la provincia de Catamarca.
