La precarización de empleados se convirtió en uno de los negocios sucios de los empleadores que se aprovecha de la necesidad de las personas de trabajar. En este caso particular, las cooperativas de limpieza fueron denunciadas por contratar personal sin ningún tipo de contrato, pagarles poco, no ofrecer obra social y despedirlos a los tres meses para renovar su planta. Sin embargo, el problema es aún más profundo e involucra al Gobierno, a quien responden estas cooperativas.
El caso fue denunciado a El Aconquija por uno de los lectores. Ciertas cooperativas de limpieza atraen gente para trabajar de lunes a sábado, 8 horas, por 4 o 6 mil pesos, sin ninguna otra garantía. Además, realizan descuentos ilegales, no pagan en tiempo, no entregan ropa de trabajo y en algunos casos, los hacen firmar recibos en blanco. Esto se suma al hecho de que son despedidos en tres meses, a pesar de haberles sido prometido un puesto en planta permanente.
En especial se encuentra en la mira la empresa Selim, la cual se encarga de limpiar el hospital San Juan Bautista, las oficinas de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) y Maternidad 25 de Mayo. Todos estos son organismos oficiales del Ministerio de Salud de la provincia, lo que convierte al Gobierno en el principal empleador en negro y de empleados precarizados. De hecho, sorprende que, dada la cantidad de denuncias en la Dirección de Inspección Laboral (DIL), ningún legislador haya tomado el tema para impulsar un cambio. Esto nos hablaría de que existen intereses políticos en medio.
“La precarización es un tema de hace muchos años que los gobiernos lo viene realizando para tener dominada a una gran cantidad de trabajadores sujeto a un nombramiento que nunca viene o viene a cuenta gota”, expuso el representante de ATE Salud, José Traverso. “El primer empleador en negro es el Estado”, añadió, señalando que esta no es una situación que afecta solo a la provincia catamarqueña sino a todo el país. Además, adelantó que llevarán una denuncia a la DIL contra la empresa Selim por la situación irregular de sus trabajadores. Mientras que los sueldos de los empleados no superan los $10 mil, Selim cobra, solo por sus servicio en la OSEP, $75 mil por quincena, otros $45 mil por parquización, junto con 23$ mil por atender la playa de estacionamiento y $50 mil por su trabajo en un edificio de la obra social ubicado en la calle Junín.
Así, queda expuesto un negocio avalado por el Gobierno, por medio del cual se juega con la necesidad de las personas en medio de una crisis económica de nivel nacional. Además, la relación de los políticos en este hecho no es menor, ya que lejos de cumplir con su deber de funcionarios protegen un accionar sucio, lo que hace sospechar que el negocio podría tener sus raíces dentro del propio Gobierno.
