La familia del gobernador Raúl Jalil volvió a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, cancelaron los tratamientos de los pacientes oncológicos que se atienden en la Fundación Jalil. El vergonzoso e insensible hecho ocurrió en la localidad de Valle Viejo, en donde tiene lugar la fundación, que es propiedad de la familia del gobernador. La razón del freno a los tratamientos oncológicos es la falta de pago del Ministerio de salud.
A partir de esta situación queda en evidencia la insensibilidad de los Jalil con los pacientes oncológicos que realizan los tratamientos pertinentes en la Fundación Guido Jalil. Además, demuestran que para ellos lo único que importa son los negocios, ya que parecen no tener ningún problema en cortar el tratamiento de personas con cáncer.
La situación de los pacientes es preocupante. Son personas que están impacientes por recibir sus medicamentos y lo más preciado que tienen es el tiempo. Justamente es su tiempo el que se desvanece, en tanto la familia Jalil intenta solucionar sus intereses económicos por sobre la salud de las personas.
Ahora, el gobernador de la provincia de Catamarca, realizó la compra y entrega de 5 ambulancias de baja complejidad para La Paz. Mientras tanto, podemos adelantar que Jalil está ampliando la flota de ambulancias Vital, con vehículos de primer nivel. Es decir, entrega mini ambulancias al interior, siendo de baja complejidad, en la que sólo puede entrar una persona en la caja pero adquiere ambulancias de primer nivel para empresas privadas.
Al parecer, los intereses, tanto de Jalil, como los de su familia, se oponen a los intereses de las mayorías. Sin embargo, la situación que están pasando los pacientes oncológicos puede ser considerada un caso aparte, dada la complejidad y delicadeza que requiere este asunto. Por otro lado, en estas polémicas por la salud también esta implicado Bazán, quien obliga a los catamarqueños a ser derivados a clínicas privadas, propiedad de Raúl Jalil y su familia. Como bien anticipamos en El Aconquija, los intereses de Raúl Jalil entran en conflicto permanente con la gestión publica.
