El doctor Norberto Bazán, actual administrador de la OSEP (Obra Social de los Empleados Públicos de la provincia), tomó la medida de no autorizar las derivaciones, para que los pacientes y afiliados de la mayor obra social de Catamarca puedan realizar o continuar sus tratamientos médicos en otras provincias.
La decisión generó gran malestar entre los afiliados que, ante la falta de respuestas de las autoridades y la indignación propia, recurrieron a la Justicia (donde presentaron un recurso de amparo) y también al INADI. Los más afectados por la medida son los pacientes oncológicos y los trasplantados.
Aunque el doctor Bazán mejoró aspectos vinculados a la burocracia, esta decisión no está siendo compartida por los afiliados de OSEP debido a que muchos pacientes se tratan hace años con el mismo médico. Fue tal la incertidumbre que provocó la nueva medida que hubo personas que amenazaron con arrojarse al vacío desde el segundo piso o con prenderse fuego a lo bonzo en la Casa Central de la obra social.
Vale recordar que la administración de la obra social viene siendo cuestionada en los últimos años por, por ejemplo, la adquisición de un sistema de software para agilizar los trámites que costó 37 millones de pesos, problemas para cumplir con los proveedores y hacer frente a los compromisos económicos que asume.
Bazán ya sufrió amenazas por la medida que adoptó y que algunos piensan que podría esconder un negocio que beneficiaría a clínicas y sanatorios privados locales, en particular de la Corporación Jalil (familiares del gobernador), en donde los afiliados tendrían que realizarse todos los estudios, análisis y tratamientos para el cuidado de su salud.
