Parece haber un problema para distinguir los negocios públicos de los privados en la administración Jalil porque, en muchos casos, el gobernador termina pagándole de manera prioritaria a la Corporación Jalil, como ahora sucede con el servicio de ambulancias Vital que se ofrece para las empresas mineras.
El servicio de ambulancia se llama Vital y presta servicio a Liex, empresa minera que trabaja en Fiambalá con el litio. La Corporación Jalil compró ambulancias para prestarle servicio al PAMI -que pagaba con el dinero de los contribuyentes- en el pasado y ahora lo hace con las empresas mineras.
El negocio puede ser redondo si se piensa que las ambulancias de Vital pueden captar pacientes en el interior y conducirlos hasta alguna clínica privada donde se le realizarían todos los estudios, si tiene obra social (por ejemplo la OSEP), lo que generaría ingresos para la Corporación Jalil por duplicado: por el traslado en ambulancia y por los servicios en la clínica.
Esto no sería tan grave si en estas operaciones, que además ya se dieron en el pasado (como cuando el intendente de Recreo, Luis Polti, recibió una ambulancia comprada en una concesionaria de la familia Jalil), el dinero utilizado en los pagos por los servicios a la corporación no fuese de los contribuyentes pero sí, muchas veces es el dinero que usted aporta.
Negocio completo
Estos dos negocios de la Corporación Jalil con las ambulancias fueron facturados al Gobierno, y en el gobierno está Jalil que es de la misma Corporación Jalil. Ellos van prestando el servicio y ellos se van pagando con dinero estatal. ¿La oposición no tiene interés en este tema? Muy pocos son los legisladores que se animan a hablar.
El diputado Hugo Ávila, de Consenso Federal, está pidiendo que se tomen medidas al respecto. ¿Acaso las autoridades y sus allegados precisan de una ley para dejar de utilizar el dinero público para beneficio personal? ¿No alcanza con la ética y la moral para poner límite al circuito económico de los negocios que funcionan con dinero de las arcas públicas?
Que la familia Jalil tiene una gran capacidad para los negocios nadie lo duda: Sus clínicas y farmacias son proveedores de la OSEP (Obra Social de los Empleados Públicos), y en su momento se llegó a pagar con regalías mineras deudas con los sanatorios. Los mayores beneficiarios fueron ellos.
Ahora la OSEP está con la decisión política de negar las derivaciones a otras provincias, lo que implica que los afiliados tengan que atenderse en las clínicas privadas del gobernador. En el ámbito inmobiliario no se quedan atrás, hasta le alquilan un espacio en un edificio a una empresa minera que trabaja en Antofagasta de la Sierra. Negocios inmobiliarios, con automotores, agricultura, tierra y salud (clínicas, sanatorios, farmacias) de una firma que parece no sentirá la crisis que vive el país, aunque muchas veces se deba a la contribución del gobernador y el dinero estatal.
