Los internos del penal de Catamarca se están quejando por las condiciones en las que viven y también por la mala calidad y el estado de la comida que reciben. El director del Servicio Penitenciario, Daniel Romero, debe encontrar una solución para apaciguar el malestar de los presos y evitar que la situación se torne más conflictiva.
La finalidad de la reclusión es que el condenado vuelva a integrarse a la sociedad pero eso muchas veces no sucede debido a las condiciones y el contexto que el preso debe enfrentar adentro del penal y, ya afuera, vuelve a caer en el delito. ¿Le sirve este sistema a la sociedad? ¿Se podría mejorar o hay que buscar una alternativa?
Las opiniones en la sociedad están divididas. Algunas personas piensan que está bien la comida que se les da y que los presos deben cumplir sus condenas en las condiciones actuales por el daño que causaron con sus delitos. Otros son más extremistas y piden la pena de muerte o reclaman por los gastos que tiene el Estado con el mantenimiento de los reclusos.
La realidad es que los presos viven en condiciones inhumanas en los penales -no nos referimos a los presos VIP, ni a aquellos con poder económico que si cuentan con privilegios- y muchos de sus derechos no son respetados. Este punto no es un tema de opinión porque la Ley contempla esos derechos para los detenidos.
Además, al hacinamiento y a la mala calidad de la comida, hay que sumarle las sospechas sobre la transparencia en la administración del Servicio Penitenciario que incluye la utilización de los presos como mano de obra barata adentro del penal y afuera para funcionarios del Ejecutivo y el Poder Judicial.
Los derechos que tienen las personas privadas de la libertad son: a la vida, a la dignidad, a la integridad personal, física, psíquica y moral, a la igualdad de trato, a la libertad de expresión, de conciencia y de religión, a peticionar ante las autoridades, a no ser discriminadas, a la defensa, a la salud, al trabajo, a la educación y a la recreación.
La Corte de Justicia de la provincia, integrada por Vilma Juana Molina, Carlos Miguel Figueroa Vicario, José Ricardo Caceres, Amelia del Valle Sesto de Leiva y Luís Raúl Cippitelli, también debería investigar a fondo la situación de los detenidos en Catamarca para encontrar una solución que beneficie a la sociedad en su conjunto.
