Si las leyes quedan de lado, la anarquía emerge. Es lo que la pandemia hizo patente en Catamarca, donde el caudillismo pesa más que la Constitución Nacional o el DNU presidencial. El intendente de Hualfín, Marcelo Villagrán, no tiene problema en desconocer las medidas emanadas por el Presidente para todo el país ni la orden de un Juez federal, tal como lo refleja El Intransigente.
Agregamos el trato diferencial para la minería en relación con las demás actividades productivas.
Efectivamente, las actividades productivas y agrícolas no tienen la misma consideración para las autoridades catamarqueñas que la minería. El gobernador Raúl Jalil e incluso la Justicia no parecen preocupase mucho si un intendente bloquea el tránsito a un campo donde se trabaja con la vid o los animales, pero son categóricos cuando se trata del paso a algún yacimiento, regalías millonarias que irónicamente los gobernantes se ocuparon de despilfarrar, malgastar, tirar.
Confiando en la impunidad que le garantiza Jalil, el intendente Villagrán, empujó a la ruta a planeros y empleados con sueldos de hambre para esconderse y ningunear una orden judicial o el mismo DNU de Alberto. No es casualidad que algunas poblaciones sean una suerte de fotografías antiguas a pesar de haber recibido millones de la minería. Las demás actividades sigue siendo dejadas de lado. Solo importa la caja para hacer política barata sin rendir cuenta. Oscuros.
Según informa El Intransigente , Hualfin solo entre 2015 y 2018 recibió más de 400 millones de pesos pero sus 1500 habitantes son pobres. La dependencia con el municipio para poder subsistir habla de una estrategia ruin y miserable para mantener cautivos a los ciudadanos que no tienen salud (hospital, médicos, insumos), asfalto, playón deportivo, un organismo relacionado con la violencia de género, servicio se sepelio o una sala velatoria, etc, etc, etc.
En este contexto social y político, la empresa Campo de los Pozuelos S.A. tuvo que interponer un amparo ante el Juez Federal de Catamarca con la idea de pagar sueldos, transportar alimentos para el personal, remedios y elementos de limpieza al establecimiento privado pero Villagrán con la excusa del DNU presidencial desconoció la disposición judicial al tiempo que se convirtió en un violador del DNU al no acatar las actividades exentas por Alberto Fernández en el marco del CV-19.
El Juez Federal, Miguel Ángel Contreras, ordenó a la Municipalidad y al intendente Villagrán, liberar el paso para los vehículos de Campo de los Pozuelos S.A., recordándole las excepciones del DNU 297/2020 por tratarse de “actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca”. Pero, si no es minería, nadie reacciona, o tal vez reaccionan así porque, con o sin leyes, con o sin instituciones, están todos prendidos en la joda.
Juan Carlos Andrada
