El gobernador Raúl Jalil estuvo en la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), donde gran cantidad de afiliados esperaban ser atendidos. La espera de los afiliados era de demasiado tiempo, a pesar de que el sistema informático para agilizar la atención le costó a la provincia 38 millones de pesos. Ante las quejas, Jalil no pagaría más. No se sabe si lo dijo para conformar a los quejosos o en verdad no desembolsará un centavo más por un soporte técnico que sería una estafa a los afiliados.
El director de la OSEP, Norberto Bazán, justifica casi todo al punto de asegurar que las colas interminables de personas esperando ser atendidas es un “problema cultural” y que los mismos trámites se pueden hacer en la farmacia del barrio o una clínica pero lo cierto es que los afiliados que peregrinan por todos lados con la preocupación de lidiar con una enfermedad, no se encuentran con respuestas, y menos con respuestas rápidas.
Lo mismo sucedió con la privatización de la farmacia de la obra social de los empleados públicos. Para el Dr .Bazán no es una privatización, pero la farmacia de OSEP se cerró y ahora los remedios se consiguen en farmacias privadas, donde es muy difícil dar con los remedios con ese nuevo mecanismo. En muchos casos, se corta el tratamiento de enfermos oncológicos o con otras patologías. ¿Quién se responsabiliza de muertes evitables?
Algo similar a lo comentado por El Aconquija, cuando un hombre perdió un dedo de la mano y tiene comprometido otro tras ser mordido por un perro en San Martín, debido a que la ambulancia nueva se la llevaron y no la devolvieron más. En tanto, la unidad de traslado vieja que estaba disponible no recorre ni 50 kilómetros porque recalienta y se para. Esa negligencia tiene responsables, por empezar la ministra de Salud, la doctora Palladino.
Volviendo a OSEP, estas situaciones de demora en la entrega de remedios e interrupción del tratamiento por burocracia no tienen ninguna consecuencia judicial para los encargados de administrar la obra social. Si no hay respuestas en tiempo y forma cuando alguien se debate entre la vida y la muerte, no se entiende el gasto inútil de 38 millones y abre un enorme interrogantes sobre la existencia y el rol que juega la Justicia.
Juan Carlos Andrada
