El caso Hualfín disparó la problemática del Gobierno de la provincia de reglamentar y llevar a la práctica un nuevo decreto. El mismo obliga a realizarse el test para descartar el COVID-19 a todas las personas que vengan de provincias vecinas, habilitándolas a permanecer en Catamarca. El decreto de Raúl Jalil tiene buenas intenciones pero no puede concretarse unilateralmente porque no resolvería el problema de fondo, judicializando nuevamente la cuestión.
El instrumento oficial tiene que ver con el sector productivo, el campo, la industria, comerciantes, transportistas de insumos que están exceptuados en el DNU presidencial. Pero que en caso de permanecer en Catamarca, están obligados a hacerse el testeo de CV-19, como una suerte de permiso para moverse dentro de la provincia. La cuestión es cómo materializar la iniciativa de tal forma de encontrar una solución para no caer otra vez en la vía judicial.
La iniciativa no puede forzarse para que los empresarios y el sector productivo hagan el test únicamente en el CIIC de Catamarca donde funciona el Hospital Monovalente “Dr Carlos Malbrán”. La razón es que eso implicaría costos y tiempos para las empresas que llevarían a nuevos amparos sin respuesta al problema de fondo. Esa reflexión es la que impidió que se reglamente el decreto Jalil, atento a las consecuencias posteriores a la decisión oficial post Hualfin.
La alternativa al parecer sería un acuerdo interprovincial entre Catamarca y los gobernadores de provincias vecinas para disponer de lugares públicos que puedan certificar negativo CV-19, con una validez limitada a las horas de viaje entre el punto de origen y el destino. Es decir “homologar” el certificado en instituciones públicas de tal forma que ese test funcione como permiso para poder transitar descartando el temor en los pobladores que reaccionan cortando los accesos.
La exigencia de hacer el test solo en Catamarca sería una decisión unilateral que llevaría a un planteo judicial trabando actividades productivas que están exceptuadas en el DNU presidencial y que podrían tener un revés judicial. No reglamentar definitivamente el decreto conlleva la pérdida de oportunidad para dar respuesta concreta al sector productivo que tendría que contemplar tiempo y costos, aspecto que por supuesto inevitablemente se trasladará al consumidor.
