Tras el bloqueo al ingreso de Hualfín, el Juez Federal, Miguel Ángel Contreras, emitió una nueva resolución donde advierte que el intendente Marcelo Villagrán y sus funcionarios podrían ser detenidos por la Policía o Gendarmería si interrumpen el normal desenvolvimiento del emprendimiento productivo Campos De los Pozuelos SA. El caso Hualfín sentó precedentes pero Catamarca aún está lejos de cumplir el nuevo decreto que sacó de Jalil.
El incidente Hualfín tuvo varias connotaciones políticas y judiciales. El Gobernador estableció un nuevo decreto indicando que las personas que ingresen a Catamarca deben hacerse el test para descartar CV-19, pero como solo fue un anuncio oficial y no se reglamentó, siguen presentándose casos de individuos que llegan a Catamarca y que no son testeados, por ejemplo el intendente Daniel Ríos que tuvo que pedir que se lo hagan pero porque saltó un escándalo aparte.
El coronavirus y la Constitución Nacional
En relación al tema judicial del bloqueo al ingreso de Hualfín, el Juez Federal Contreras advirtió que “no existiendo impedimento legal ni sanitario”, no hay motivos para restringir la libertad de circulación a los amparistas. Los empleados del emprendimiento Campos de los Pozuelos (Rivero, Gallego y Collado Magni) dieron resultado negativo en el testeo CV-19. Así que, el Juez facultó a Gendarmería y la Policía a detener a cualquier funcionario público que impida dicha resolución.
Más allá de la resolución del Juez, también podría haber denuncias penales posteriores por parte de Campos de los Pozuelos debido a que entiende que el desconocimiento de la primera resolución del juez Contreras (que autorizaba a circular) y las excepciones a las actividades productivas en el DNU presidencial, el bloqueo político implicó una serie de perjuicios (presentes y futuros) por lo que la empresa entiende que los intendentes deben responder con su peculio personal.
La empresa aclaró que solicitó el test para detectar CV-19 “con el fin de evitar el accionar policial contra el pueblo de Hualfin, paz social puesta en peligro por el desacato judicial del intendente Villagrán” y que “juntos con los jefes comunales de Pozo de Piedra (Ramón Yapura) y de Villa Vil (Ramón Villagra), deberán responder económicamente en forma personal por el temerario accionar a una orden del juez Federal. Por otro carril corren también las denuncias por amenazas.
La burocracia inocua
El Gobierno de Catamarca no pudo reglamentar el decreto del testeo a las personas que ingresen a la provincia debido a que no sabe cómo. Se debería celebrar un acuerdo interprovincial con los gobernadores vecinos para “homologar” lugares públicos donde realizar el test y descartar CV-19 con el objeto de exhibirlo en un lapso no mayor a 24 o 48 horas. De lo contrario, la lluvia de amparos seguirá atento a que es imposible o impracticable hacerlo con exclusividad en el CIIC.
