La polémica continúa a nivel nacional en torno a Catamarca. La semana pasada, miembros oficialista de la legislatura decidieron ampliar la Corte y disolver el Consejo de la Magistratura, en tiempo record. Esto generó repudio en todo el país de partidos opositores como Coalición Cívica-ARI, PRO y UCR. Quien se expresó fervientemente fue Elisa Carrió quien considera que se trata de un “grave golpe a la independencia del Poder Judicial” de Catamarca.
Tanto el PRO como la Coalición Cívica- ARI calificaron la medida como una “maniobra de profunda degradación institucional” y que se tomó “aprovechándose burdamente de una pandemia” y “en trámite exprés” de la Legislatura local. Según estimaron los opositores, este tipo de decisiones “atentan contra instituciones republicanas consagradas constitucionalmente que preservan la división de poderes, la selección de jueces probos y velan por el resguardo del máximo tribunal de Justicia”.
Cabe destacar la contundente frase que “Lilita” Carrió, la cual asevera en un comunicado: “Una alarmante duda se esparce sobre el resto del país: ¿será Catamarca la antesala o punta de lanza del avance del oficialismo nacional sobre la Justicia?” Y es justamente la gran inquietud que esta medida genera a lo largo del país. Perfectamente, el ejemplo catamarqueño puede ser replicable a cualquier legislatura provincial que decida avasallar al Poder Judicial.
Y es que, como bien dijo Rubén Manzi la semana pasada, “Catamarca retrocede tres décadas”. La determinación de haber realizado una sesión prácticamente sin debate debido a la ausencia de la oposición demostró la falta de interés total en la salud de la población. En tiempos de pandemia, donde es necesario que los funcionarios tomen medidas acorde a las necesidades sanitarias, se priorizó un proyecto que poca urgencia tenía.
Sin lugar a dudas, es necesario reformar el sistema judicial de la provincia, dada las falencias y el excesivo clientelismo. Pero la solución no es aumentar el número de jueces, ni mucho menos, eliminar el Consejo de la Magistratura que tiene como fin seleccionar a jueces mediante concursos. No podemos permitir que este modelo se replique en el resto del país, atentando contra la institución que hace valer los derechos de todo el pueblo.