Ya pasaron 20 días de que se eliminó el Consejo de la Magistratura de Catamarca, en el marco de una comentada reforma judicial. La discusión llegó, inclusive, hasta el ámbito de la Cámara baja de la Nación, donde ocurrieron dos hechos curiosos. El primero es que dos diputados nacionales lleven un tema provincial al parlamento. El otro es que cuando la exgobernadora Lucía Corpacci intentó replicar las críticas de los parlamentarios, prácticamente se adueñó del proyecto de reforma que lleva adelante el Ejecutivo de su provincia.
Las críticas en el Congreso llegaron por la voz cantantes del diputado Rubén Manzi que aseveró que “Catamarca está viviendo un golpe institucional sin precedentes. El gobierno hizo desaparecer el Consejo de la Magistratura e incrementará el número de miembros de la Corte. Es una maniobra para someter al Poder Judicial al capricho del Ejecutivo”.
Su opinión fue secundada por su coterráneo Francisco Monti. “Vamos a ser la única provincia con la peor calidad institucional que pretende pasar a la prehistoria del derecho público y a una acumulación de poder que nos debe avergonzar”, señaló el radical, quien fue mucho más lejos elucubrando una teoría que unió el brote de coronavirus en la provincia norteña con las modificaciones que se están realizando en la Justicia. “No es casual que una vez que se rompiera el 0 de los casos de COVID-19 el Gobierno haya avanzado en presentar proyectos para la acumulación de poder”, aventuró Monti.
La exmandataria y actual diputada, salió al cruce con un extraño argumento que no sólo no convenció a los críticos sino que además despertó las sospechas de que la polémica reforma fue mentada por ella.
La legisladora nacional, repudió los dichos de Manzi y aseveró que la derogación de la norma que creaba el Consejo de la Magistratura en Catamarca se hizo en el marco de lo que marcan los procedimientos legislativos de la provincia. Pero, al ahondar, sostuvo que el órgano que servía para nombrar jueces era una “institución anticonstitucional”, y sostuvo que en su gobierno había intentado eliminarlo con una reforma constitucional, que por falta de apoyo de la oposición no habían podido concretar.
Es decir que la mandataria reconoció que el Consejo ya había sido ratificado democráticamente por la misma legislatura que hoy lo dio de baja y además aseveró que la idea de eliminarlo no pertenece a la actual gestión, sino que fue concebida por ella cuando estaba a cargo el Poder Ejecutivo provincial.
Una polémica derogación
El Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) cuestionó la derogación de la ley provincial 5012 del año 2000, que creó el Consejo de la Magistratura en esa provincia.
“El Foro reafirma el alto valor institucional que tienen los Consejos de la Magistratura como órganos democráticos, pluralmente integrados y con representación de distintos estamentos, los que a través de concursos públicos de antecedentes y oposición y entrevistas proponen la designación de los postulantes más idóneos para cubrir cargos en la judicatura y en los ministerios públicos”, enfatizaron.
