(Por Diego Nofal) La pandemia afectó a decenas de comerciantes en el país, en todos los rubros, textiles, gastronómicos, de electrónica y electrodomésticos, sólo por mencionar a algunos. No sólo el aislamiento social obligatorio, decretado como medida para prevenir el contagio de COVID-19, afectó la actividad comercial, sino que un marcado descenso en la actividad económica hizo que las ventas y la contratación de servicios se viniera en picada.
Por ese motivo es complicado darle exenciones impositivas a un sector de la economía, sin caer en una grave injusticia. No parece haber sido el criterio de los legisladores salteños, que hoy dieron el dictamen favorable en comisión a una significativa baja del impuesto al sello y una condonación total del impuesto inmobiliario al sector turístico catamarqueño.
De acuerdo con la norma que debatieron hoy los parlamentarios provinciales, se propone eximir del 100 por ciento, en el ejercicio fiscal 2021, sobre el impuesto inmobiliario a aquellos inmuebles afectados a la actividad turística. El beneficio tributario sólo alcanza al propietario del inmueble afectado al desarrollo de cualquiera de las siguientes actividades: servicio de alojamiento en hotelería, hosterías y residenciales; servicios gastronómicos con expendio de comidas y bebidas con servicio de mesas; servicio prestado por agencias de turismo y viajes; servicio de guías de turismo; y alquiler de automóviles.
Hasta aquí todo bien, salvo porque rara vez los propietarios de inmuebles donde funcionan los bares, las agencias de turismo e inclusive y los comerciantes que los explotan suelen ser la misma persona. Es decir que quien explota un bar, una agencia de turismo o un hotel que en su gran mayoría no son dueños de los locales donde realizan la actividad, estos meses tuvieron que pagar los alquileres de esos inmuebles sin haber generado ingresos. Ahora una norma que, en apariencia, los beneficia, en realidad hará que empresarios inmobiliarios que fueron los que menos perdieron durante esta extensa cuarentena, tengan una ganancia aún mayor.
El proyecto también reduce 0.5% la tasa de fiscalización y control creado por ley 4836 y encomienda al Ejecutivo lanzar líneas de créditos con tasas diferenciales para el sector comprometido con el turismo, un beneficio que si alcanzaría a quienes explotan el turismo. No se entiende si los legisladores avanzaron en la norma por desconocimiento del mercado o si interpretaron que los dueños de los inmuebles comerciales sufrieron la crisis más que quienes se dedican a explotarlos.