Como decimos siempre, la pandemia da para todo. Últimamente, no solo que los intendentes catamarqueños han comprado camionetas nuevas que cuestan una fortuna sino que otros vehículos no están por el descontrol que es el parque automotor. Hay de todo. Por ejemplo estas dos camionetas de la imagen están desaparecidas en Belén, tal vez en algún taller tras ser volcadas o reventadas por el uso y abuso oficial. Nos explicamos.
La cuestión de los vehículos oficiales es tema de nunca acabar y costoso para la sociedad. Si no falta el combustible cuando un vecino la necesita, está en la casa del funcionario y la manejan los hijos del intendente como si fuera propiedad de la familia del poder de turno o sufrió un siniestro vial y se desconoce. La falta de transparencia en el presupuesto por combustible, repuestos, viáticos, etc, hace que no se dimensione la gravedad del problema relacionado con el uso de vehículos oficiales en cada comunidad.
Hay cientos de ejemplos publicados por El Aconquija. Por caso, las ambulancias guardadas en el galpón de Fiambalá, los vehículos oficiales que no están disponibles para la gente pero que los funcionarios de Tinogasta se llevan a la casa, la ambulancia que el intendente Ríos estaciona en la puerta de su casa por “seguridad”, el intendente de Saujil que alquila una camioneta cara para sacar a pasear el perro, etc, etc, etc.
Los intendentes ignoran completamente a los Concejos Deliberantes, no existen, se manejan como patrones de estancia, cuando no tienen comprados a la mayoría de los ediles que en lugar de pedir explicaciones salen a justificar atrocidades y gastos superfluos con dinero público. Los concejales son cómplices del desmanejo y no cumplen su función de controlar al Ejecutivo, al contario están para legitimar el robo de los jefes comunales. Muchos de ellos deberían vestir un traje a rayas.
Una práctica muy común es esconder un siniestro vial. Llevan las camionetas a los chapistas amigos para ser restauradas y el caso permanece oculto sin que la comunidad conozca lo sucedido. Si bien un accidente puede tener cualquiera, no se entiende la actitud oficial de pretender silenciar un hecho que compromete bienes del Estado municipal que luego implica gastos del erario público para cubrir ese error. Como sea, una mentira detrás de la otra no ayuda a recuperar la confianza en la clase política.