(Por Diego Nofal) El tan mentada Comisión Evaluadora ultima detalles para su debut, con los diputados provinciales y nacionales como centro de la escena. Los primeros porque no serán incluidos en el reparto de sillas del cónclave que elegirá a dos nuevos miembros del Superior Tribunal de Catamarca. Además el primer nombre que sonó para integrar la Corte, venía de la Cámara baja provincia. Mientras que los parlamentarios en el ámbito nacional se enredaron en una discusión que reveló la mano de Lucía Corpacci detrás de esta reforma judicial.
Pero volvamos a la Comisión en sí, de acuerdo con el decreto que emitió Raúl Jalil, la comisión tendrá independencia funcional. Estará integrada por un representante de los magistrados y funcionarios judiciales, por el Colegio de Abogados, la Universidad de Catamarca y un representante del Estado provincial. Hasta aquí todo bien para el gobierno. Parecía poder formar una comisión a su medida, pero algunas presiones de último momento parecen complicar la integración.
“El oficialismo declaró inconstitucional una ley no teniendo en cuenta que es avalada por la propia Constitución Nacional. A cambio, creó un instituto tirado de los pelos y si dicen que la ley que creó al Consejo de la Magistratura era inconstitucional, este decreto es doblemente inconstitucional porque no estaba previsto en la Constitución del 94. Si bien dejaron las instituciones que ya estaban, dejaron afuera a la representación más genuina y representativa que es la Cámara de Diputados, donde sus miembros son elegidos por el voto directo de los ciudadanos”, declaró Víctor Luna, presidente del bloque de diputados de la UCR.
Lo que no sabía el dirigente del partido centenario es que quienes reemplazarían a los diputados vendrían del mismo riñón político que él. Al parecer tampoco estaba en los planes del oficialismo que eso ocurriera. Apenas se conoció que nadie del Poder Legislativo provincial integraría el consejo, estallaron las críticas, pero rápidamente se calmaron las aguas. El lugar de los parlamentarios será ocupado por académicos de la Universidad de Catamarca, dirigida por Flavio Fama, excandidato a intendente de la Capital por el FCS-Cambiemos. Punto en contra para el gobierno.
Otro de los comisionados que parecía llegar de un sector afín al oficialismo era el que aportarán los abogados. El Colegio Profesional de los letrados catamarqueños prestó su apoyo para la eliminación del Consejo de la Magistratura, eso le valió un lugar en la Comisión. A todas luces parecía un voto fácil de ganar para el Gobierno, pero se complicó en las últimas horas. Un importante sector de los profesionales del derecho cuestionó con dureza a la conducción del Colegio de Abogados y condicionó su continuidad a su actuación dentro de la Comisión. Los abogados serán otro hueso duro de roer para el Gobierno. Que contará con un representante del Ejecutivo y habrá uno más del Poder Judicial. Otro de los problemas que se dio en las últimas horas, es que el oficialismo tenía casi un número puesto para ocupar uno de los lugares en la Corte. Esa nueva silla estaba reservada para una importante miembro de la Cámara de Diputados. Se trataba, nada menos, que de la presidenta del cuerpo, Cecilia Guerrero, una mujer que reunía todos los consensos. Pero la parlamentaria declinó la oferta, la dirigente quiere seguir abocada a la tarea política. La comisión, que tanta polémica le costó al Gobierno, promete traerle más dolores de cabeza.
