Muchas personas al acceder a un poco de poder empiezan a tomarse atribuciones que no le corresponden. Este es el caso del contador, Guillermo Haddad. El mismo es el presidente de la empresa estatal de minería (CAMYEM) por pedido del gobernador, Raúl Jalil. El joven viene de una familia que tiene un supermercado en la localidad de Andalgalá y aprovecha esto para comprar insumos en este local con plata del gobierno. Además, hace negocios con su primo que es el intendente de esa localidad
En varias ocasiones nombramos en El Aconquija casos de funcionarios gubernamentales que usan su poder para hacer negocios propios. A pesar de que esto está prohibido por ley, los mismos hacen caso omiso, o disfrazan las transacciones para que la población no se entere adonde va el dinero que ellos aportan mensualmente. Esto es un problema de corrupción que debe ser solucionado. En esta ocasión, está involucrado el presidente de CAMYEM, Guillermo Haddad.
El joven contador fue puesto por orden específica del gobernador, Raúl Jalil. El mandatario creía que con la designación de Haddad la empresa estatal de minería iba a funcionar de manera correcta. A pesar que CAMYEM es subsidiada, como todas las compañías del Estado, ellos dicen que es sustentable. Además, el titular de la firma cobra un jugoso sueldo de 200 mil pesos, más otro gasto de viáticos. Igualmente, parece que eso no le alcanza para satisfacer sus necesidades.
Además de todo el dinero que recibe por su función en el CAMYEM, Haddad gasta millones de pesos del Estado en compras de suministros en su propio supermercado. Desde la empresa aseguran que esto se hace para llevar comida a los trabajadores que están ejerciendo su labor en las minas, ya que estos no tiene la posibilidad de comprarlos en el lugar. Igualmente, no es una justificación para que la firma pueda gastar ese dinero justamente en el negocio de su presidente.
Además, Haddad es primo del intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba y justamente este municipio también compra en su supermercado. El tema es que en los últimos años se quiso cambiar la imagen de la minería en esta localidad, pero se ve claramente que la transparencia va a tardar en llegar. Sería un gran gesto, tanto del gobierno, como del CAMYEM, abrir el juego para que otros negocios también puedan ser proveedores y recibir ese dinero, más aún en plena pandemia. Definitivamente, el gobierno debe establecer una mejor política minera, ya que es su responsabilidad administrar los recursos de la provincia.
