El 5 de agosto fue el cumpleaños de concejal Agustín “Tin Tin” Brizuela y lo celebró con una fiesta sorpresa, con amigos y en una finca. El concejal se había olvidado del decreto oficial que no permite reuniones sociales debido a las medidas de prevención ante la pandemia por coronavirus. Hoy se conoció que la investigación de la fiscalía de Andalgalá conducida por la fiscal Soledad Rodríguez imputaría a 12 personas que estuvieron en el cumpleaños del concejal fiestero.
La investigación cuenta con datos aportados por la Policía de Catamarca y además por versiones periodísticas, donde El Aconquija tuvo la primicia de los detalles del hecho. Ayer, Brizuela había justificado el accionar: “Llegaron mis amigos con asado como siempre para festejar en el marco del respeto, no eran más de 10 personas”. “Acá la cuestión se está tornando totalmente apolítica, uno está en el ojo de la tormenta solo por ser concejal”, enfatizó Tin Tin.
Su declaración continuó: “El que me conoce a mí, cómo es mi naturaleza, quién me quita mi alegría, mi felicidad. Ahora veo en los medios nacionales que aparte de todo soy un ser humano que como, que pienso, que tengo tristezas, alegrías, altos y bajos”, afirmó penoso. La fiscal Rodríguez tomará declaración indagatoria a las personas que habrían participado de la fiesta del concejal.
Al momento Rodríguez indicó: “Lo que tenemos acá es una violación clara a un decreto nacional a fin de evitar las reuniones sociales”. Con una investigación de oficio se determinará el grado de responsabilidad de quienes habrían organizado y participado de esa reunión. Aún no trascendieron quiénes son las personas que declararán. Cabe recordar que el decreto nacional establece que la prohibición alcanza a todos los departamentos de Catamarca en primer lugar.
Según la fiscal esta es una violación clara al decreto nacional 641 que emitió el presidente Alberto Fernández a los fines de evitar las reuniones sociales. Rodríguez asegura que determinarán el grado de responsabilidad de quienes habrían organizado la fiesta. El decreto provincial 205 señala que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia.