El diputado nacional por Catamarca Rubén Manzi de Juntos Por el Cambio presentó un informe sobre diferentes hechos de violencia institucional que se dieron desde que el Gobierno nacional dictó por decreto el Aislamiento Social Obligatorio, a raíz de la pandemia por covid-19. El informe de la oposición remarca que los hechos ocurrieron en las provincias del noroeste argentino: Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
En el momento de especificar sobre Catamarca se denunciaron seis casos de violencia institucional. El informe fue presentado el jueves a través de una reunión virtual por la plataforma Zoom. Del encuentro digital participaron más de 120 personas del NOA y también acompañaron las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre otros, estuvieron en comunicación legisladores y dirigentes políticos de la Nación. Entre el 20 de marzo y el 17 de julio el legislador registró decenas de casos de hechos de violencia institucional, junto a su equipo de colaboradores. Los mismos recabaron testimonios de diversos tipos de hechos, que van desde el abuso de poder de funcionarios públicos de distintos niveles, como persecuciones y hostigamientos, hasta casos mucho más graves como torturas.
Sobre los casos de Catamarca figura en primera instancia el de Canil, el ciclista al que lo tiraron al piso y le pisaron la espalda cuando en ningún momento opuso resistencia y solo solicitaba que le dijeran por qué lo detenían. El segundo caso es el de los Centros de aislamiento inseguros donde no se respetan las condiciones de sanidad preestablecida. Se suma el caso Quintero en Fiambalá cuando una farmacéutica que había viajado a La Rioja para comprar medicamentos le impedían realizar la cuarentena en un domicilio.
El caso de la concejal de Fiambalá Rosana Carrizo, de Juntos por el Cambio, quien relató los impedimentos que tuvo cuando tiene que reemplazar a la intendenta Rosana Paulón. El otro caso denunciado se refiere a la clausura de la Radio Líder, en la localidad de Los Altos, a partir de un acta de inspección labrada por la Municipalidad. El último caso corresponde a la violencia ejercida por el intendente Luis Polti contra la enfermera por un reclamo de elementos para enfrentar la pandemia.