Desde el 2018 el oficialismo busca remover de la Corte de Justicia a los jueces José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. El planteo fue realizado por Eduardo Andrada al considerar que los magistrados exceden la edad constitucionalmente permitida. En un nuevo capítulo, Cáceres recusó al diputado Augusto Barros por “carecer de integridad necesaria para juzgar a un juez”.
Este miércoles es la fecha pactada por la Cámara de Diputados para tratar el juicio político contra José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. Respecto a la recusación contra Barros, Cáceres explicó que “siempre hubo motivos para apartarlo, pero no lo hice para no entorpecer la continuidad del juicio político que se produce en mi contra”.
En los fundamentos presentados por José Ricardo Cáceres, se expresa que no cuentan la cantidad de votos necesarios para desplazarlo. De esto se desprende que la intención no es juzgarlo sino destituirlo de su cargo en la Corte. Además, el juez apunta que Barros es apoderado en una causa electoral y “este contexto condiciona a cualquier juez, de cuyo voto depende la suerte del recurso”.
También, Cáceres alega que “lo que cuestiona gravemente el procedimiento seguido para producir un dictamen que niega la presentación de mi descargo. Este se presentó en tiempo y forma (24 de octubre de 2018), considerándolo al diputado Barros partícipe de esta maniobra”. Barros “no ostenta la integridad suficiente para ser juez de jueces”, enfatiza Cáceres.
Respecto al juicio político contra Cáceres, se trata de algo que viene pidiendo la oposición desde 2018. En la argumentación para rechazar el pedido para rechazar el juicio político, el oficialismo (actual) considera que “asimilar a los magistrados o ministros de la Corte de la provincia al empleo público ordinario es un notorio error”.
