Tras la muerte de Hugo Argerich asumió otra persona en su lugar en el Tribunal de Cuentas de Catamarca. De acuerdo a lo que pudo saber El Aconquija, el hombre reemplazante sería de apellido Segovia. La polémica o alboroto en el TC es porque este profesional (y otros funcionarios) están nombrando a la familia. El gobernador Raúl Jalil conocerá el manejo del presupuesto del organismo que al parecer también se reduce a darle empleo público a la parentela y amigos.
Es el subrogante que quedó en lugar de Hugo Argerich en el Tribunal de Cuentas es Luis Segovia, un empleado que quedó en el cargo por la lamentable ausencia del titular (muerte en este caso). Ya en el nuevo sillón Segovia comenzó a solucionar problemas de desempleo en la familia o a jerarquizarlos. Los nombramientos cayeron como baldazo de agua helada en los demás integrantes del TC que comenzaron a murmurar sobre la maniobra de Segovia aprovechando la volada.
De acuerdo a lo trascendido desde el mismo Tribunal de Cuentas, la molestia es que luego del fallecimiento de Hugo Argerich nombraron a la esposa del presidente subrogante y a la hija del Vocal. Todo es cuestión de acceder a algún puesto relevante para hacer pasar a la familia por la puerta de atrás o pisando cabezas para ubicarse lo más arriba posible donde anidan los privilegios. La pobre historia se repite una y otra vez en los organismos oficiales mientras institucionalmente se caen a pedazos.
Hablamos de la discrecionalidad con la que usan esos puestos de jerarquía para obtener beneficios personales. Como consecuencia, varios sueldos del Estado van a parar en una misma casa. Toda la familia viviendo de las arcas públicas, familias de circunstanciales oportunistas que no pasan ninguna necesidad porque el pueblo los mantiene con suculentos haberes, plata que supuestamente no hay, pero que de repente aparece para cumplir el sueño de estos “trabajadores” que tienen los mismos derechos que cualquier vecino catamarqueño.
El TC es un organismo (hasta aquí ornamental) que está en deuda con la comunidad. En su defensa se argumentó que no tiene suficiente presupuesto para ser eficiente, que si le aumentan el presupuesto es probable que cumpla con su rol. Ninguna garantía. No solo es el reconocimiento explícito de que no cumplió con la función que justifica su existencia sino que, si se sirve de este presupuesto austero en pandemia para nombrar familiares, imaginemos si tuvieran el doble o el triple de dinero a su disposición para (mal) administrar. Y, ¿son los que controlan a los intendentes? Así es.
