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UCR Catamarca: el oficialismo apoyó a las siete mujeres suspendidas

Días atrás el Tribunal de Conducta determinó suspender por cinco meses a las involucradas que cuestionaron a Roberto Gómez.

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El oficialismo de la Unión Cívica Radical (UCR Catamarca) dejó a un lado los colores políticos, priorizó la sororidad y apoyó a las siete mujeres suspendidas. La situación se dio porque días atrás el Tribunal de Conducta determinó suspender por cinco meses a las involucradas. Hay que recordar que este grupo cuestionó la candidatura a presidente del Comité Capital de Roberto Gómez por la causa abierta de abuso sexual.

Todo comenzó con la denuncia de 80 afiliados de la UCR Catamarca contra Natalia Herrera; Gabriela Nieva Larcher; Jessica Nieto; Vilma Canceco; María Luisa Moreno; Claudia Vera y Gabriela Lobo Vergara. Este grupo de siete mujeres firmaron una petición pidiendo la baja de Roberto Gómez a días de las elecciones internas. Por este motivo, los afiliados se movilizaron por “la presunta comisión de conductas antipartidarias”.

El Tribunal de Conducta concluyó en que las mujeres no vertieron una opinión sino imputaciones fácticas. Las mismas “fueron expresadas por las acusadas con conocimiento de su falsedad o con notoria despreocupación acerca de su falsedad; y utilizando una polémica comparación entre dos sujetos (Roberto Gómez con el sentenciado Enrique Aybar). Dejando entrever que nos encontramos antes dos personas iguales”.

La resolución agrega que se advierte una clara y manifiesta transgresión al principio de inocencia; al indicar como responsable a alguien que “ni siquiera fue imputado”. Por otro lado, el grupo de afectadas manifestó: “En el partido de la democracia y de las libertades nos disciplinaron para no volver a hacer lo mismo. Seguiremos insistiendo en que no pueden ser candidatos quienes tengan denuncias por abuso sexual”.

¿Qué dijo Cecilia Guerrero de lo sucedido en la UCR Catamarca?

La presidenta de la Cámara de Diputados de Catamarca, Cecilia Guerrero, se refirió a lo sucedido en la UCR Catamarca. “Cuando lo que es sancionado es una opinión expresada y una petición formulada al respecto, se afectan derechos constitucionales. Cuando se sanciona a mujeres políticas significa aplicar un disciplinamiento arbitrario e inquisitorial que procura acallar las voces”, manifestó.

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