La situación en Andalgalá cala hondo en las diferencias entre quienes defienden la minería y quienes están en contra. Ahora, el conflicto escaló a las más altas esferas del gobierno de Raúl Jalil. Es que el diputado Hugo Ávila presentó un proyecto desde el cual interpela al ministro de Seguridad. Gustavo Aguirre a responder por la violenta represión en las protestas que se llevaron a cabo el pasado 10 de abril contra Agua Rica.
Es necesario recordar que por estos hechos, todavía hay personas que se encuentran privadas de su libertad, otra situación por la que el ministro deberá responder, según el proyecto presentado por el legislador provincia. No obstante, es necesario remarcar que hace unos días fue puesto en libertad el exsecretario de seguridad de la Municipalidad, Oscar Martiarene, que se encontraba detenido acusado de encubrimiento.
“Sin que se pueda demostrar quiénes fueron los vándalos que generaron el caos y a quién o quiénes respondían, la Justicia local ordenó allanamientos y detenciones contra muchos ciudadanos, violando toda garantía constitucional que proteja sus derechos. Con estos procedimientos autoritarios volvimos a épocas que los argentinos habíamos creído que pertenecían al pasado”, expresó Ávila.
Además, Ávila sostuvo que “la militarización de Andalgalá se hizo a fin de que la empresa Agua Rica pueda introducir su maquinaria en el Nevado del Aconquija”. También aseguró que todo lo ocurrido “es de una brutalidad manifiesta que a 10 días de la manifestación aún existen personas detenidas. Me pregunto cuáles fueron las directivas que recibieron los funcionarios policiales que actuaron y quién o quiénes las impartieron. Lo deberá responder el Ministerio de Seguridad”, agregó.
Temor y militarización
“Arremeten con la fuerza pública, ordenan detenciones y persecuciones indiscriminadas y denuncian al intendente local para conseguir la excusa perfecta: militarizar Andalgalá con el fin de infundir temor a sus pobladores. Lamento decirles a los autores de esta barbarie que somos muchos quienes nos expresamos en contra del proyecto y por más que violen nuestros derechos, nos vamos a seguir expresando en contra. Está claro que el pueblo de Andalgalá no ha dado la licencia social para la explotación de la mina”, cerró Hugo Ávila en contra del gobierno de Raúl Jalil.
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