En las últimas horas se ha decidido mantener a los ambientalistas de Andalgalá detenidos, pese a no contar con pruebas en su contra. La fiscal Marta Nieva fue quien se encontró frente al hecho de que no contaba con pruebas para dictar la prisión preventiva, por lo cual los declaró en libertad. Pese a esto, dicto una causación de 300 mil pesos para cada uno de los diez afectados que hizo que deban continuar encarcelados.
Los diez ambientalistas detenidos en Andalgalá ya llevan dos semanas sin pruebas firmes en su contra. El viernes se esperaba que se dicte su pronta liberación, pero por el contrario las fiscales a cargo de la causa se encontraban ausentes. Ante esto el clima de tensión en la ciudad se fue acentuando. Pasaban las horas y eran más los interrogantes que las respuestas en torno a la situación de aquellas personas.
Al momento de llegar las respuestas para los afectados y sus familias se encontraron con el hecho de que se había dictado la liberación, pero con una causación de 300 mil pesos. Ante la situación todos se movilizaron para intentar llegar a esa cifra. En algunos casos se presentaron bienes personales y ahorros, pero en ninguno de los casos se llegó a la cifra solicitada. Por lo tanto, pese a no contar con las pruebas necesarias, debieron quedar detenidos en Andalgalá.
Según se ha detallado, no se pudo probar que había posibilidades de fuga o pruebas que lleven a mantener con la detención. Ante esto no finaliza la investigación, por el contrario en esta semana se dará continuidad a los peritajes de los celulares secuestrados. Cosa que hará que los 10 ambientalistas continúen ligados a la causa.
El repudio al accionar de la fiscal de Andalgalá
El repudio a la medida no tardo en llegar. Desde la Asamblea “El Algarrobo“ expresaron: “Esta medida es extorsiva y da como resultado la falta de acceso real al derecho”. “Después de casi dos semanas, se emitió finalmente un decreto de liberación de nuestros compañeros”, explicaron. Pese a esto se enfrentaron al pedido de causación.
“Sin embargo esta liberación se daría recién al hacerse efectiva la caución impuesta, que lejos de ser una “caución accesible”, como la denominan algunos medios amigos del poder, se trata de una garantía altísima”, expresaron. A raíz de esto: “Las personas detenidas, se hallan ante un nuevo impedimento legal para obtener la libertad. Esto representa una clara tortura también para las familias”, concluyeron.
