La UCR de Catamarca quiere conocer “la letra fina” del pedido de aumento al Poder Judicial que fue enviado a la Legislatura. Días atrás se ha hecho noticia el pedido de reintegro de $600 millones que había sido presentado por medio del gobernador Raúl Jalil. Ante esto el presidente del radicalismo, Víctor Luna, ha pedido explicaciones y fundamentos en torno a la solicitud presentada.
“Nos llama poderosamente la atención que a cuatro meses de iniciado el año, se requieran más fondos y que no sabemos a dónde serán destinados”, expresó. Dialogando con medios locales, el presidente de la UCR Catamarca ha manifestado el interés por conocer los por menores de los pedidos. En el marco de la solicitud de reintegro de casi 600 millones de pesos han manifestado que es una buena oportunidad para conocer los movimientos presupuestarios de la provincia.
“Si a este expediente lo tratamos como corresponde y sin apuros puede servir y mucho para los futuros presupuestos de los diferentes poderes del Estado”, agregó. En este sentido, el presidente de la UCR Catamarca enfatizó en la idea de que “es importante conocer la letra fina del proyecto”. Concluyendo así, en que se deberá escucharse lo que tienen ambas partes para decir.
Los fundamentos del Poder Judicial
El poder Judicial plantea en un principio que la actividad económica en la argentina ha caído un 10%. Por ello, actualmente la pauta salarial para Catamarca se coloca en un 35%, la cual se ha utilizado en todas las negociaciones de estos últimos meses. En esta línea también detallan que el régimen de coparticipación afecta gravemente a las arcas provinciales y municipales. Es por ello que solicitan una mayor ayuda financiera para hacer frente a los gastos para atender las necesidades de la población.
Siguiendo esta idea la cuestión de la pandemia también ha afectado el pedido de aumento de presupuesto del Poder Judicial. Según expresó el Gobierno de Catamarca “es necesario encontrar estrategias que demandarán meses de trabajo sanitario y una fuerte presencia estatal”. Es por esto, que plantean que “esta política de Estado implica un gran costo económico, que debe afrontar la provincia con recursos propios”.