La Cámara de Diputados oficializó la vuelta de las sesiones con el ingreso de un proyecto de ley del Poder Judicial al Ejecutivo provincial, gobernado por Raúl Jalil, con el fin de que le reintegre $600 millones. El presidente del bloque de la UCR, Víctor Luna, fue el encargado de contar que la oposición en esa comisión pedirá la presencia de funcionarios del Ejecutivo y de la Justicia para conocer los motivos que incentivaron este proyecto.
“Nos llama poderosamente la atención que a cuatro meses de iniciado el año, se requieran más fondos y que no sabemos a dónde serán destinados. Es una buena oportunidad para que sepamos a ciencia cierta y en profundidad el presupuesto del Poder Judicial, del Ejecutivo y la ejecución presupuestaria, porque muchas veces hablemos de los presupuestos pero es bueno saber en qué se está gastando. Estamos entrando a mitad de año y es bueno saberlo”, indicó Luna.
“Si a este expediente lo tratamos como corresponde y sin apuros puede servir y mucho para los futuros presupuestos de los diferentes poderes del Estado. Es importante conocer la letra fina del proyecto por lo que hay que analizarlo bien”, remarcó Luna y agregó que “Escuchar a los representantes del Gobierno y de la Justicia será de valiosa importancia”. No obstante, se supo que el gobierno de Raúl Jalil no estaría dispuesto a retribuir el dinero solicitado, debido a la situación epidemiológica por la que atraviesa la provincia.
Cabe remarcar que el proyecto propone un aumento de $ 594 millones y los fundamentos están orientados a que el pedido no pase el filtro del Poder Legislativo. En ese marco, el Gobierno de Raúl Jalil argumentó que para este año se dispuso un presupuesto de $ 4.211.683.684 para el Poder Judicial, que significa un incremento del 37%. Además, el Estado provincial decidió priorizar la situación epidemiológica.
“Ya que como Gobierno y ante la pandemia COVID-19, cuya evolución y final resulta incierto, es necesario encontrar estrategias que demandarán meses de trabajo sanitario y una fuerte presencia estatal para atender las necesidades primordiales de los más vulnerables, como así también la asistencia social a productores y comerciantes que se ven principalmente perjudicados por las medidas de aislamiento. Esta política de Estado implica un gran costo económico, que debe afrontar la Provincia con recursos propios”, expresaron desde el Gobierno.
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