Andalgalá: concejales piden que se realicen informes de impacto ambiental a Agua Rica

Nuevamente Andalgalá tiene a la minería en el centro del foco mediático. En esta ocasión, un grupo de concejales locales piden que se realicen informes de impacto ambiental a la empresa minera Agua Rica. De esta manera, buscan que, desde el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, a cargo de Alberto Kozicki, se detalle informe como se está desarrollando la actividad.

Luis Olas, Agustín Brizuela, Marcela Ignes y Erika Maidana fueron quienes aprobaron la iniciativa que solicita la intervención del ministerio en Andalgalá. En un principio buscan que se “realice la gestión institucional de manera urgente de un proyecto de ley y/o la firma de convenio de cooperación interministerial”. Esto sería “a los fines de garantizar la inminente participación vinculante como órgano competente en los procesos de estudios del Informe de Impacto Ambiental de los proyectos de actividad minera a gran escala”.

Según han detallado se intentará que la gestión se dé “en forma coordinada con el Municipio de Andalgalá“. Asimismo, en la solicitud también incluyen a la ministra de Minería, Fernanda Ávila, para que prevea que se cumpla el cumplimiento de toda la legislación ambiental vigente para la actividad minera. Todo esto, haciendo primordial foco en el estudio del impacto ambiental.

La principal idea es que se “realice una completa descripción del entorno ambiental de la zona del proyecto minero. De esto, se obtendrá información básica y certera para evaluar los posibles impactos ambientales de todas las actividades que se pretenden realizar”. Además, detallaron que los resultados de estos estudios “será tenida como nula para la aprobación de nuevos trazados de huellas mineras de Agua Rica“.

Fundamentos del pedido de los ediles de Andalgalá

Asimismo, la solicitud coloca en el pie una serie de fundamentos en los que los ediles de Andalgalá basan su pedido. Como primer punto aseguran que “no se estarían respetando los principios precautorios y preventivos instituidos por la Ley General del Ambiente”. Esto se debe a que se otorgaron nuevos permisos “para la construcción de nuevas huellas mineras, plataformas y perforaciones hidrogeológicas”.