La diputada provincial Natalia Herrera lanzó un fuerte reclamo por la situación de los dispositivos destinados a la protección de niños, niñas y adolescentes en Catamarca y cuestionó la falta de transparencia del sistema que depende del Estado provincial. La legisladora advirtió que existen serias dudas sobre el cumplimiento efectivo de la Ley Provincial 5.357, una normativa creada para garantizar los derechos de la infancia ante situaciones de violencia, abandono o abuso.
Según explicó Herrera, la preocupación se profundizó luego de que se le impidiera ingresar al dispositivo Zipahuasi, un espacio destinado al alojamiento y resguardo de menores. La situación generó interrogantes sobre las condiciones en las que se encuentran las niñas y adolescentes alojadas en el lugar y sobre los mecanismos de control implementados por las autoridades provinciales.
La legisladora sostuvo que la negativa a permitir el acceso de una representante del Poder Legislativo refleja una preocupante falta de apertura por parte de organismos que deberían actuar con total transparencia. Para la diputada, impedir las tareas de supervisión solo contribuye a incrementar las sospechas sobre el funcionamiento de estos espacios de protección.
La Ley 5.357 establece que el Estado tiene la obligación de intervenir cuando los derechos de niños, niñas y adolescentes son vulnerados, priorizando medidas de protección y asistencia. Además, la normativa exige que los dispositivos de resguardo funcionen bajo estrictos controles para garantizar el bienestar y la seguridad de los menores alojados.
En este contexto, Natalia Herrera cuestionó la actitud del Gobierno de Raúl Jalil, al considerar que la falta de acceso a estos establecimientos dificulta verificar si realmente se cumplen los protocolos previstos por la ley. La legisladora remarcó que la defensa de los derechos de la infancia requiere acciones concretas y no estructuras cerradas que impidan el control institucional.
El episodio también volvió a poner bajo la lupa la gestión provincial en materia de niñez y adolescencia. Diversos sectores consideran que la ausencia de información pública y la escasa transparencia en áreas sensibles generan preocupación sobre la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales a los sectores más vulnerables.
Para Herrera, el silencio y la falta de respuestas no pueden ser una opción cuando se trata de la protección de menores. Por ello, insistió en la necesidad de permitir controles, garantizar el cumplimiento de la ley y asegurar que los dispositivos de protección funcionen de manera adecuada, eficiente y transparente para resguardar a quienes más lo necesitan.
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