La diputada provincial Ana Lía Aguaisol cuestionó los nombramientos de preceptores en Catamarca y advirtió sobre presuntas irregularidades, falta de idoneidad y posibles criterios políticos en el acceso a cargos educativos.
La diputada provincial Ana Lía Aguaisol volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema educativo catamarqueño al denunciar presuntas irregularidades en la designación de preceptores dentro de establecimientos escolares de la provincia.
La legisladora sostuvo que existe una práctica sostenida de nombramientos que no respetarían los requisitos mínimos establecidos por la normativa vigente, lo que genera cuestionamientos sobre la transparencia de los mecanismos de selección y el rol de las autoridades educativas.
En ese sentido, Aguaisol apuntó directamente contra la ministra de Educación, Verónica Soria, a quien reclamó explicaciones por la situación y por la falta de respuestas a un pedido de informe presentado el pasado 15 de abril.
Según denunció la diputada, los cargos estarían siendo ocupados por personas que no reúnen las condiciones de idoneidad exigidas para la función, lo que implicaría un incumplimiento del artículo 104 de la Ley del Estatuto Docente Provincial.
La legisladora advirtió que la situación no solo representa una presunta irregularidad administrativa, sino que también impacta sobre la calidad educativa y las condiciones en las que se desarrolla el acompañamiento de alumnos dentro de las instituciones escolares.
Además, cuestionó lo que definió como una lógica de favoritismos políticos dentro del sistema educativo provincial, al señalar que determinados nombramientos responderían más a criterios de afinidad con el oficialismo que a antecedentes profesionales o méritos académicos.
La falta de respuesta oficial al pedido de información profundiza los cuestionamientos sobre la gestión educativa provincial, en un contexto donde distintos sectores vienen denunciando problemas vinculados a la cobertura de cargos, condiciones laborales y funcionamiento del sistema.
Mientras crecen los reclamos por transparencia, la polémica vuelve a colocar a la gestión educativa del gobierno de Raúl Jalil bajo observación, con nuevas demandas de explicaciones sobre el manejo de los nombramientos y el cumplimiento de la legislación vigente.
